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El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una norma que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como "green cards" o de algunos visados.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer una versión de la regla, que está diseñada para que los inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país.
La normativa, que será publicada oficialmente en el Registro Federal el miércoles y entrará en vigor 60 días después de su publicación. La fecha que se ha dado inicialmente es el 15 de octubre.
Así, Estados Unidos podrá determinar si el inmigrante se ha convertido en una "carga pública" para la Administración, es decir, si "depende principalmente" de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus de inmigración.
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De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas del Gobierno.
"El propósito es que los inmigrantes que llegan puedan sostenerse por sí mismos", aseguró el director interino de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli.
Grupos defensores de los inmigrantes han argumentado que esta regla discriminaría a los inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir, según medios locales.
Cuccinelli insisitó en que "la norma no afectará a refugiados o a otras víctimas de violencia doméstica".
Estas organizaciones también aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal.
Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados "carga pública", lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.
El Gobierno de Trump ya propuso en septiembre del año pasado una reglamentación para que a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como la asistencia alimentaria y los vales de ayuda de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente.
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Se espera que la regulación anunciada este lunes enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia estadounidense así lo considera.
En las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha mostrado mano dura también contra la inmigración ilegal, al ordenar la detención de 680 inmigrantes durante una redada masiva en seis ciudades del estado de Misisipi.
