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Los fiscales generales de 23 estados de Estados Unidos demandaron este lunes al Gobierno de Donald Trump para frenar una nueva norma que pone fin a protecciones frente a la discriminación en el ámbito médico que disfrutaban varios grupos, entre ellos los pacientes transgénero.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Nueva York y busca paralizar inmediatamente la aplicación de la nueva política, aprobada en junio por la Administración.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien encabeza la iniciativa, denunció que la norma aprobada por el Gobierno da vía libre a centros médicos y a aseguradoras para discriminar al colectivo LBGTQ+, a las mujeres o a los ciudadanos que no hablan inglés.
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La nueva regla de la Administración Trump da marcha atrás a una interpretación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la conocida como Obamacare, hecha por el Ejecutivo de Barack Obama.
Esa interpretación aclaraba entre otras cosas que la prohibición de no discriminar por sexo contenida en la legislación incluía a los pacientes transgénero, lo que suponía que en general las aseguradoras no podían rechazar la cobertura de tratamientos de cambio de sexo.
También obligaba, por ejemplo, a que los centros médicos ofrecieran servicios de apoyo con el idioma a personas que no hablan inglés, según destacan los demandantes, que consideran que la decisión del Gobierno es “arbitraria”, “caprichosa” y va en contra de las leyes.
Según los fiscales generales, la Administración de Trump actuó movida por su deseo de atacar a la comunidad transgénero.
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“Nunca es aceptable negar la sanidad a los estadounidenses que lo necesitan, pero es especialmente indignante hacerlo en medio de una pandemia”, subrayó James en un comunicado.
Además de Nueva York, participan en la demanda muchos otros estados gobernados por demócratas, entre ellos California, Colorado, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México y Pensilvania.
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