Desalojo de viviendas, mayor queja de colombianos deportados desde Venezuela

A 207 aumentó el número de quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo tras el ingreso masivo de colombianos deportados desde Venezuela, siendo el desalojo de vivienda el tema común entre los denunciantes, que además advierten situaciones como la desintegración familiar con 46 casos, la pérdida de trabajo con 31 declaraciones, el maltrato de las autoridades en el vecino país con 22 hechos reportados, además de la retención de documentos con 19 y el despojo de pertenencias con 17 quejas.

Vale la pena indicar que de acuerdo con los últimos datos conocidos a través del Puesto de Mando Unificado instalado en Cúcuta, la Defensoría fue informada sobre la deportación de 1.072 connacionales, 608 de los cuales aparecen registrados en los albergues temporales acondicionados para atender la emergencia humanitaria.

Según estas estadísticas, en los refugios permanecen 173 hombres, 186 mujeres y 249 niños, niñas y adolescentes. Las denuncias hasta ahora recibidas por la Defensoría del Pueblo y que son tramitadas con la Cancillería para, por vía diplomática, buscar la restitución de derechos a los afectados, dan cuenta de 12 menores de edad cuyos padres solicitan la repatriación para estar a su lado y un episodio adicional de maltrato físico. Así mismo, se reportan 5 casos de adultos mayores sin arraigo familiar.

La información suministrada por el equipo institucional enviado desde Bogotá, indica que 94 personas con problemas de salud han recibido atención médica en la frontera, 88 de las cuales han ingresado a territorio colombiano y 6 más que han salido hacia Venezuela.

Por otra parte, en la Guajira, la Defensoría tuvo conocimiento sobre el ingreso de 41 connacionales (18 hombres, 14 mujeres y 9 menores de edad) que llegaron a Paraguachón, 28 de los cuales aceptaron la ayuda humanitaria de emergencia ofrecida por el Estado. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo hacen parte del equipo interinstitucional que acompaña a un grupo de colombianos que, a partir de un acuerdo entre los gobiernos de ambos países, cruzaron la frontera para recuperar sus enseres y trasladarlos al territorio nacional. La Defensoría valora este paso en favor de la comunidad y confía en nuevos y próximos avances de cara a la solución de la problemática actual.

Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo, habló con LA F.m. de la situación