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Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará a partir de este lunes audiencias en el litigio marítimo que enfrenta a Colombia y Nicaragua por las supuestas violaciones por parte del primero de los límites en el Caribe redefinidos por parte del alto tribunal de la ONU en 2012.
Las audiencias estarán dedicadas únicamente a las objeciones preliminares presentadas por Colombia, país al que corresponderá el primer turno de los argumentos este lunes. Colombia estará representado por el agente y coagente ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda, respectivamente.
El martes corresponderá a Nicaragua, representada por el viceministro de Relaciones Exteriores, César Vega, y el embajador nicaragüense en Holanda y agente ante la CIJ, Carlos Argüello, presentar su punto de vista.
Una segunda ronda de argumentos orales está prevista para el 30 de septiembre y el 2 de octubre en el mismo orden de comparecencia. Este caso se remonta al 26 de noviembre de 2013 cuando Managua demandó a Colombia por esta cuestión y pidió a la CIJ que juzgue y declare que Bogotá viola su obligación de no usar o amenazar con el uso de la fuerza y de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por la Corte el 19 de noviembre de 2012, así como sus derechos soberanos y su jurisdicción sobre estas zonas.
El país centroamericano también acusa a Colombia de haber incumplido su obligación de no violar los derechos de Nicaragua bajo la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, y pide a la CIJ que exija a Bogotá que cumpla la sentencia de 2012 y asuma "reparaciones por los perjuicios causado por sus actos".
En noviembre de 2012 el alto tribunal de la ONU remodeló la frontera marítima entre ambos países. Los jueces dejaron bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua le otorgaron una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000.
Para apoyar su denuncia, Managua se refiere a varias declaraciones presuntamente realizadas entre la fecha de la sentencia de la CIJ y el 18 de septiembre de 2013 por el presidente, vicepresidente y ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, así como por el mando de la Armada.
El fallo de la CIJ fue considerado "inaplicable" por el Gobierno colombiano si no se firma antes un tratado que garantice los derechos de los colombianos en la zona. Colombia denunció además el Pacto de Bogotá por el que aceptaba la jurisdicción de la CIJ.
Bogotá dijo entonces que la Armada del país ejerce soberanía sobre los 75.000 kilómetros cuadrados de mar del archipiélago de San Andrés que el fallo de la CIJ otorgó a Nicaragua en el Caribe. Nicaragua afirma en su denuncia que estas declaraciones representan un "rechazo" de Colombia al fallo de la Corte y una decisión de ese país de no aplicar la sentencia.
Recalca que esta política culminó con la expedición de un decreto por parte del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que declaró "la existencia de una Zona Contigua Integral" que une todas las posesiones insulares de Colombia en el Caribe occidental. Tras meses de tensiones y acusaciones mutuas el 16 de septiembre de 2013 la nación centroamericana presentó además otra demanda contra Colombia en reclamo de una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa colombiana.
Las audiencias en ese caso se celebrarán el 5 y 6 de octubre con los argumentos orales de Colombia primero y de Nicaragua después, con una segunda ronda los días 7 y 9 de ese mismo mes.
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