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El Tribunal Constitucional (TC) de Perú rechazó un recurso presentado por el exministro Marino Costa con lo que se buscaba frenar el inicio de una investigación sobre las esterilizaciones forzadas denunciadas por más de 1.300 mujeres en el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
"Se ha impedido que se archive el caso más antiguo, porque además hay dos casos más" sobre las esterilizaciones forzadas a mujeres pobres, quechuablantes y campesinas durante la Administración de Fujimori, declaró a Efe la abogada María Ysabel Cedano, de la organización feminista Demus.
"Aunque usted no lo crea, lo que va a empezar es recién una investigación judicial que determine la responsabilidad penal" de los denunciados, entre los cuales está Fujimori y Costa, que fue ministro de Salud durante su Gobierno, indicó Cedano.
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RESOLUCIÓN CONTRA EXMINISTRO
Este martes, el Tribunal Constitucional votó a favor de declarar infundado el recurso de agravio constitucional presentado por Costa contra el Ministerio Público (Fiscalía) porque no tiene ninguna sentencia previa sobre el caso de esterilizaciones forzadas, tal como afirmaba el exministro.
Costa acudió al TC después de que el Poder Judicial rechazó otro recurso suyo en el que sostenía que no se le podía investigar dos veces por lo mismo y que se había violado el plazo razonable para ser investigado.
De las más de 200.000 esterilizaciones forzadas reconocidas por el ministerio de Salud, al menos 180.000 se realizaron cuando Costa era titular de ese ministerio, indicó la abogada.
El exministro tiene una denuncia en el Poder Judicial como coautor de delitos, "que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos, en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva" del Gobierno de Fujimori, afirmó Cedano.
LARGA ESPERA POR JUSTICIA
"En 16 años de investigación fiscal, no solo le han violado a él el plazo para ser investigado, sino que le han violado el derecho a las más de 1.300 víctimas y denunciantes, que ahora van a tener derecho a una investigación judicial y ojalá a futuro un juicio", manifestó la letrada.
En ese sentido, Cedano exigió "una investigación bien hecha y rápida, (porque) el señor Marino Costa no se va a quedar con los brazos cruzados, probablemente vaya a la Comisión Interamericana".
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La investigación judicial empezará el 11 de enero del 2021, donde el magistrado va a escuchar la sustentación de cargos de la fiscal Edith Chamorro, a los abogados de los denunciados, así como a las organizaciones civiles que representan a las víctimas en varias regiones del país.
"Queremos que el juez investigue y determine exactamente cuál es la responsabilidad penal como coautores, pero (además) cuál es el rol que tenía cada uno, que la sanción sea la máxima que hay para los delitos de lesiones graves, seguida de muerte, y lesiones graves", indicó Cedano.
MUERTES POR ESTERILIZACIONES
La abogada representa a la familia de Mamérita Mestanza, una de las víctimas de esterilizaciones que murió a consecuencia de las complicaciones de su cirugía y cuyo caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"La Comisión Interamericana le llamó la atención al Ministerio Público porque había archivado el caso, investigando estos delitos como delitos comunes, cuando el Estado (peruano) ya había firmado un acuerdo de solución amistosa por el caso de Mamérita Mestanza", recordó Cedano.
En ese acuerdo, el Estado reconoció que "se trató de una política, que fueron violaciones a los derechos humanos, que no fueron de responsabilidad individual únicamente, que hubo una responsabilidad política", precisó.
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En forma paralela a la investigación judicial, Cedano subrayó que corresponde al ministerio de Justicia aprobar una política de reparaciones para atender a las más de 6.000 víctimas que se han reportado en el Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) desde 2015 hasta la fecha.
La abogada criticó que la lentitud de la justicia en este sonado caso está provocando que "las mujeres están muriendo sin justicia ni reparación".
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