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La Corte Constitucional de Perú decide este martes si admite o no una demanda contra el cierre del Congreso, un ultrasensible fallo que mantiene en vilo a la clase política y amenaza con generar protestas como las de países vecinos.
En un nuevo episodio de una larga crisis política, el Tribunal Constitucional (TC) anunciará, luego de una sesión reservada, si acoge o no un recurso para reabrir el Congreso, disuelto por el popular presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre.
"Respaldamos las acciones del Tribunal Constitucional. La decisión que tome nosotros la respetamos", prometió Vizcarra el viernes, al expresar su confianza en que el TC desestimará la demanda de la oposición.
Por el contrario, si el TC acoge la demanda a trámite, se abrirá un nuevo escenario de incertidumbre en un país sacudido por recurrentes choques entre ejecutivo y legislativo desde hace tres años.
En caso de ser admitida, la demanda será evaluada en un lapso que fluctúa entre tres y cuatro meses, aseguró César Landa, un expresidente de la corte.
Si los siete magistrados del TC ordenan reabrir el Congreso, la institución más desprestigiada de Perú, de acuerdo a los sondeos, la crisis política podría profundizarse dramáticamente, según analistas.
Una hipotética reapertura del parlamento puede conducir a miles de personas a salir a las calles a protestar, tal como ocurre en Chile y Bolivia, y como sucedió en Ecuador a comienzos de mes, según el analista político Fernando Tuesta.
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Si es restituido, "el Congreso va a vacar (destituir) a Martín Vizcarra y la gente no tendría (nuevas) elecciones" parlamentarias en enero, lo que causaría gran desazón, advirtió Tuesta a la AFP.
En este caso hipotético, "las protestas harían de Chile solo un niño de teta con lo que se quejarían acá", añadió.
Sin embargo, el analista Fernando Rospigliosi discrepa, pues pronostica que "no habría una gran protesta, más allá de los activistas".
En todo caso, "es imposible que la corte resuelva a favor del Congreso y restituya a los parlamentarios cesados", dijo Rospigliosi a la AFP.
Apoyo casi unánime
Miles celebraron en las calles de todo Perú la disolución del Congreso, que estaba controlado por la oposición "fujiaprista", los partidos de la encarcelada Keiko Fujimori, hija del condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y del difunto exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011).
Esta legislatura, elegida en 2016, mantuvo contra las cuerdas al presidente Pedro Pablo Kuczynski hasta forzarlo a renunciar en marzo de 2018.
Sin embargo, su sucesor Vizcarra optó por enfrentarlo con energía, lo que le valió el reconocimiento de la mayoría de los peruanos: su popularidad se empinó al 79% tras la disolución.
Si el TC rechaza la demanda presentada por el jefe del cesado Congreso, Pedro Olaechea, ratificará que Vizcarra respetó la carta magna al decretar la disolución y convocar a nuevos comicios legislativos el próximo 26 de enero.
La decisión del mandatario fue aplaudida por nueve de cada diez peruanos, según encuestas.
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En caso de perder la demanda ante el TC, la oposición, que tilda el cierre del Congreso de "golpe de Estado", no tendrá más remedio que ir en precarias condiciones a los comicios adelantados, en los que arriesgará la abrumadora mayoría obtenida hace tres años.
Comisión Permanente
La oposición pidió inicialmente que interviniera la Organización de Estados Americanos (OEA), pero ésta se lavó las manos y propuso recurrir al TC peruano.
Vizcarra, un político de provincia que carece de partido y bancada parlamentaria, cerró el Congreso tras una controversia con el legislativo sobre el sistema de designación de nuevos magistrados del TC.
Minutos después de ser disuelto, la mayoría parlamentaria "aprobó" la suspensión de Vizcarra en el gobierno y nombró como presidenta encargada a la vicepresidenta peruana Mercedes Aráoz, quien renunció al día siguiente.
Aráoz rompió con Vizcarra cuando sin consultarle éste propuso, el 28 de julio, adelantar los comicios generales, recortando los mandatos del ejecutivo y legislativo. Esta propuesta fue archivada por el Congreso sin siquiera debatirla en el plenario.
En su audiencia del 13 de octubre, el TC rechazó integrar como magistrado a un primo de Olaechea elegido por el Congreso en una cuestionada votación un par de horas antes de ser disuelto.
Desde el cierre, continúa en funciones una Comisión Permanente con facultades restringidas de 27 miembros, 21 de ellos opositores, que preside el propio Olaechea.
