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La condena por abuso sexual, y no por violación, a cinco hombres, conocidos como "la manada", que agredieron en grupo a una joven durante los Sanfermines de 2016 generó un fuerte rechazo en España y la convocatoria de movilizaciones en todo el país en apoyo y solidaridad con la víctima.
En su fallo, hecho público en medio de una gran expectación mediática, la Audiencia de Navarra (norte de España) condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado al entender que los abusos se produjeron sin el consentimiento de la joven, pero no se dio uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que la agresión se considere violación.
La sentencia provocó la indignación de los colectivos feministas reunidos a las puertas de la Audiencia que mostraron su rechazo al grito de "No es abuso, es violación", además de cientos de mensajes en las redes sociales con las etiqueta #EstaEsNuestraManada, #YoSiTeCreo, #JusticiaPatriarcal o #NoEsNo.
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"Nos acaban de condenar a todas", "Pase lo que pase, juntas, diversas; unidas siempre" o "No estás sola, tienes a tu verdadera manada contigo" fueron algunas de las frases más escuchadas y escritas a lo largo de la jornada, en la que se celebraron multitudinarias concentraciones celebradas por toda España.
Decenas de miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades españolas, mientras que en la plataforma Change.org más de 200.000 apoyaban la petición de inhabilitación para los magistrados que dictaron la sentencia.
Los condenados son cinco amigos de Sevilla (Sur), -entre ellos un militar y un guardia civil-, que están en prisión provisional desde su detención tras los hechos y que siempre han defendido que las relaciones sexuales con la joven fueron consentidas.
El grupo, que se autodenominaba "la manada", viajó el 6 de julio de 2016 a Pamplona (norte) para asistir a los Sanfermines, una de las fiestas españolas más populares, y coincidió con la joven en la madrugada del día 7.
Unos meses antes, cuatro de ellos, según descubrió y denunció la Policía, ya habían agredido a otra joven en el interior de un coche tras conocerla durante unas fiestas en una localidad de Córdoba (sur).
Los hechos juzgados, en uno de los procesos más mediáticos de los últimos años en España, generaron un fuerte debate en la sociedad española sobre el "doble juicio" al que se somete a las mujeres víctimas de abusos sexuales frente a sus agresores.
La polémica se centró en si las relaciones sexuales fueron consentidas o forzadas, ya que en el vídeo que los acusados grabaron con un teléfono, y presentado ante el tribunal, se ve que la joven no ofreció resistencia.
Sin embargo, ella declaró que no opuso resistencia dada la superioridad numérica y física de los procesados, lo que le hizo entrar en shock y desear que todo terminara cuanto antes.
La condena hecha pública contó con el voto discrepante de uno de los jueces, Ricardo González, quien abogó por la absolución de los cinco jóvenes de los delitos de los que se les acusaba: agresión sexual, contra la intimidad y robo con intimidación.
En su escrito, el magistrado se refiere a las imágenes grabadas por los acusados y asegura que aunque son "ciertamente de un contenido perturbador", solo observa a cinco varones y una mujer practicando "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo de todos ellos y, ciertamente menor actividad y expresividad en la denunciante".
La Asociación de Mujeres Juristas lamentó la sentencia al considerar que supone un refuerzo del "imaginario colectivo" en el que la víctima de una violación debe elegir entre confrontar o ceder "como mal menor", según un comunicado.
Advierte, además, de que supone un "grave precedente" para la libertad sexual de las mujeres, "desdibuja" la construcción del consentimiento y "refuerza" la idea de que éste se puede dar bajo circunstancias de presión.
La idea de que la sentencia pueda sentar un "precedente" negativo fue subrayada también por diversas organizaciones feministas, que consideran que puede suponer un obstáculo para que las mujeres acudan a la Justicia para denunciar agresiones sexuales.
Desde ambos colectivos urgieron además a los partidos políticos a reclamar al Tribunal Constitucional que invoque una necesidad urgente de modificar el Código Penal.
El caso de "la manada" ha servido también para sacar a la luz un problema tan generalizado como poco conocido en España: las violaciones y agresiones sexuales que se cometen durante las fiestas populares y festivales multitudinarios.
Según las cifras oficiales, solo denuncia entre el 17 y el 20 % de las víctimas de este tipo de agresiones.
Con información de AFP
