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En un nuevo giro en su ofensiva contra la inmigración, el presidente Donald Trump impuso este lunes una amplia prohibición de viajes a ciudadanos de 12 países, en su mayoría africanos y de Medio Oriente, lo que ha generado preocupación en sectores diplomáticos, humanitarios y políticos dentro y fuera de Estados Unidos.
La medida, formalizada mediante una proclamación presidencial la semana pasada, restringe el ingreso a EE. UU. a personas de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, impone controles más estrictos a ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, si no cuentan ya con una visa válida.
Aunque el gobierno aclaró que las visas previamente emitidas no serán revocadas, a partir de este lunes las nuevas solicitudes serán rechazadas a menos que se acojan a una exención específica, algo que expertos legales califican como “altamente restrictivo y poco accesible”.
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Organizaciones defensoras de los derechos humanos han condenado la decisión, que revive el recuerdo de la controvertida “prohibición musulmana” de 2017. “Esta política no tiene que ver con la seguridad nacional: tiene que ver con sembrar división y vilipendiar a comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos”, denunció Abby Maxman, presidenta de Oxfam América.
El impacto de la medida ya se siente en comunidades vulnerables. Elvanise Louis-Juste, ciudadana haitiano-estadounidense de 23 años, declaró desde el aeropuerto de Newark: “Tengo familia en Haití, así que es bastante triste verlo y oírlo… No creo que sea algo bueno. Es muy triste”.
Justificaciones bajo escrutinio
El presidente Trump justificó la medida señalando que muchos de los países afectados no colaboran suficientemente con el control migratorio, poseen sistemas deficientes de documentación o se niegan a recibir de vuelta a sus nacionales deportados. También citó un informe del Departamento de Seguridad Nacional sobre las tasas de personas que se quedan más allá de la fecha de expiración de sus visas.
En un intento de vincular la decisión con temas de seguridad, Trump aludió al reciente ataque en Boulder, Colorado, en el que el presunto agresor habría excedido el tiempo permitido por su visa. No obstante, el atacante proviene de Egipto, un país que no fue incluido en la lista de restricciones, lo que ha generado críticas por la falta de coherencia en los criterios aplicados.
Malestar diplomático
La Unión Africana reaccionó con firmeza, instando a EE. UU. a adoptar un enfoque más consultivo. En un comunicado emitido el jueves, la organización expresó su “profunda preocupación por el daño a los lazos interpersonales, el intercambio académico y las relaciones diplomáticas cuidadosamente cultivadas durante décadas”.
Especial enojo causó la inclusión de Afganistán, que sigue siendo una de las principales fuentes de refugiados en el mundo. Aunque la prohibición hace una excepción para los afganos con visas especiales de inmigrante —como intérpretes o colaboradores del gobierno estadounidense—, el mensaje ha sido recibido como una traición por parte de comunidades que arriesgaron su vida junto a tropas estadounidenses.
“Esta es una bofetada para todos aquellos que arriesgaron todo por apoyar a EE. UU. durante veinte años de guerra”, declaró un trabajador humanitario que pidió no ser identificado por razones de seguridad.
“Una prohibición legalmente blindada”
A diferencia de su primera versión en 2017, redactada apresuradamente y derrotada en tribunales, la nueva política ha sido diseñada cuidadosamente para sortear impugnaciones judiciales. Según expertos en inmigración, se centra en el proceso de solicitud de visa, lo que reduce las posibilidades de ser considerada inconstitucional.
No obstante, críticos apuntan que el trasfondo político sigue siendo el mismo. “Trump sigue utilizando la política migratoria como un instrumento para movilizar a su base electoral, incluso a costa de principios básicos de derechos humanos y relaciones internacionales”, declaró a CNN el senador Bernie Sanders, quien también advirtió que “el país se encamina peligrosamente hacia el autoritarismo”.
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Mientras tanto, en aeropuertos como el de Los Ángeles, no se han reportado escenas caóticas como en 2017, aunque organizaciones de ayuda humanitaria y abogados migratorios han comenzado a prepararse para lo que prevén será una oleada de rechazos, separaciones familiares y litigios.
