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Estas fueron sus palabras
El contexto
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictará el próximo 17 de marzo sentencia sobre las objeciones preliminares en los dos casos que enfrentan a Colombia y Nicaragua por la cuestión limítrofe en el mar Caribe, a fin de decidir sobre su admisibilidad. Las sentencias serán leídas por el juez presidente de la Corte, Ronny Abraham, en una audiencia pública que se celebrará a las 14.00 GMT en la sede de la Corte en La Haya.
La CIJ decidirá si los dos casos siguen adelante o no y si la Corte es competente para juzgarlos, indicaron a Efe fuentes del alto tribunal de la ONU, y no se decidirá sobre los méritos o el fondo. Uno de los casos se remonta al 26 de noviembre de 2013 cuando Managua demandó a Colombia y pidió a la CIJ declarar que Bogotá viola su obligación de no usar o no amenazar con el uso de la fuerza, y de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por la Corte el 19 de noviembre de 2012, así como sus derechos soberanos y su jurisdicción sobre estas zonas.
En noviembre de 2012 el alto tribunal de la ONU había remodelado la frontera marítima entre ambos países. En concreto, definió la frontera marítima única entre la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de Nicaragua y de Colombia dentro del límite de las 200 millas náuticas a partir de las líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua.
Los jueces dejaron bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua le otorgaron una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y, el país centroamericano, en más de 90.000. El fallo de la CIJ fue considerado "inaplicable" por el Gobierno colombiano si no se firma antes un tratado que garantice los derechos de los colombianos en la zona.
En una audiencia celebrada en septiembre, Nicaragua dijo que apoyaría la firma de un tratado que permitiera resolver la disputa. Colombia defiende que la CIJ no es competente en este caso. El país andino denunció el Pacto de Bogotá por el que aceptaba la jurisdicción de la CIJ el 27 de noviembre de 2012. El artículo 56 dice que el pacto puede ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos, pero Colombia sostiene que la renuncia tuvo "efecto inmediato" ante la iniciación de nuevos procedimientos en su contra.
El 16 de septiembre de 2013 Nicaragua presentó otra demanda contra Colombia en la que pidió a la CIJ concederle una plataforma más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe. Managua considera demostrado que el margen continental de Nicaragua se extiende más allá de las 200 millas náuticas y pidió a la CIJ, además, indicar los derechos y deberes de los dos Estados en relación con el área de pretensiones superpuestas y el uso de sus recursos hasta que se delimite con precisión la línea de frontera.
Colombia considera que la pretensión "desmedida" de Nicaragua es contraria al derecho internacional y corresponde a "ánimos expansionistas". Según Bogotá, la plataforma continental de las Islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, "se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana" que se extiende hacia el noroccidente y hacia el Archipiélago en al menos 200 millas.
En unas audiencias celebradas en octubre, Nicaragua insistió en que la sentencia de 2012 "no especifica nada" sobre la plataforma continental. El Gobierno de Bogotá defendió por contra que el caso de la delimitación de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua está cerrado desde entonces, y volvió a insistir en que el alto tribunal no tiene competencia para abordar la demanda nicaragüense.
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