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Los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú firmarán este martes una carta para pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, según desveló el vicecanciller peruano, Hugo de Zela.
"Nos hemos coordinado los cancilleres de cinco países, concretamente, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Vamos a firmar el martes por la tarde una carta dirigida a la CPI pidiendo que se inicie una investigación preliminar de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela", explicó De Zela.
El vicecanciller, de visita de trabajo en Washington, aseguró que Canadá está evaluando unirse a la petición, aunque aún no ha tomado una decisión. La misiva irá acompañada de dos informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales de entre abril y julio de 2017.
El otro documento es el que redactó un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Ese grupo de expertos concluyó que existía un "fundamento razonable" para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la CPI.
Almagro ya remitió en mayo ese informe a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, para pedirle que abriera una investigación. La demanda de los cinco países latinoamericanos, inédita en los dieciséis años de historia de la CPI, activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los Estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países.
La Fiscalía de la CPI ya comenzó, por iniciativa propia, un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, paso previo a la eventual apertura de una investigación formal. La denuncia conjunta no abriría automáticamente una investigación plena por parte del tribunal internacional, ya que ese paso depende de la Fiscalía del tribunal, que actúa de manera independiente.
Lo único que cambiaría la activación del artículo 14 es que, si la Fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos para iniciar investigaciones formales, podría hacerlo directamente sin pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares. Si no hubiera una denuncia directa de un Estado parte, entonces la Fiscalía tendría que solicitar permiso a esa Sala.
"Esto es inédito, nuevo, nunca se ha hecho una solicitud de este tipo. Es la primera vez en la historia y nosotros hemos tenido la iniciativa de impulsar esto porque pensamos que la situación lo amerita", explicó el político peruano, quien consideró que se ha alcanzado "un punto de no retorno". Perú, explicó el diplomático, está tomando diferentes iniciativas para "generar un esfuerzo regional" que responda a la crisis en Venezuela, que ha provocado una inmigración histórica con la salida hasta junio de este año de 2,3 millones de venezolanos de su país, según datos de la ONU.
Perú con 441.000 venezolanos en su territorio es el segundo país que más inmigrantes de esa nacionalidad ha recibido en el último año, por detrás de Colombia, donde hay casi un millón. La solución de esa crisis, según Lima, no pasa por una intervención militar, opción que sugirió Almagro el pasado viernes, aunque luego dijo que sus palabras fueron malinterpretadas y que su objetivo es detener la violencia dentro del marco del sistema de derecho internacional público.
Tras las declaraciones del viernes de Almagro, el Grupo de Lima -compuesto por una docena de países de América Latina- manifestó su rechazo a cualquier intervención militar en Venezuela. "La posición del Perú es también la posición del Grupo de Lima que sí descartamos la opción militar, no estamos dispuestos a apoyarla", resaltó De Zela, quien abogó por continuar las sanciones económicas y la presión diplomática.
Venezuela ha perdido más del 40 % de su Producto Interior Bruto (PIB) en los últimos cuatro años y registra una inflación disparada, que se calcula que alcance el 1.000.000 % este año, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
