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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los niños y niñas migrantes que fueron separados de sus familias como resultado de la implementación de la "política de tolerancia cero" del presidente de EE.UU. Donald Trump.
La Comisión emitió dos resoluciones, una impulsada por la petición de organizaciones nacionales de derechos humanos procedentes de México, Colombia, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Honduras, y otra en favor de cinco familias concretas afectadas por la separación familiar.
La Comisión insiste en sus resoluciones en que es el Estado, a través de las autoridades nacionales, el "principal responsable de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción", y en este sentido la jurisdicción internacional es "coayudante" o "complementaria", sin que las sustituya.
"La Comisión observó que el Estado no aportó información detallada sobre la situación específica de las personas propuestas beneficiarias y, sobre si la reunificación estaría efectivamente planificada en un corto plazo, ni sobre si existiría un cronograma o se hubiesen habilitado de manera efectiva medios de contacto", agregó en la nota.
De esta forma la CIDH reclamó que Estados Unidos no haya solicitado detalles sobre las circunstancias particulares de las personas propuestas beneficiarias, estado de salud o condiciones de detención en que se encuentran.
"De acuerdo con la información aportada, en algunos casos podría no ser posible lograr dicha reunificación y tales niños y niñas podrían terminar siendo entregados a un patrocinador en los Estados Unidos", alerta la comisión.
En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que los derechos a la vida familiar e integridad personal así como el derecho a la identidad de los niños y niñas, propuestos como beneficiarios, se encuentran, en principio, en una situación de riesgo.
La CIDH subraya el grave impacto que resulta a tales derechos como resultado de la pérdida del vínculo entre los niños y niñas con su familia biológica que podría producirse como resultado de la separación definitiva en ausencia de información concreta sobre su situación y posibilidades concretas de reunificación.
En consecuencia, la Comisión solicitó a Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para proteger "los derechos a la vida familiar, integridad personal e identidad de las personas propuestas beneficiarias, garantizando que tales derechos sean salvaguardados mediante la reunificación de los niños y niñas con sus familias biológicas y atendiendo al interés superior de los menores.
Además insta al Gobierno estadounidense a que adopte "las medidas necesarias para garantizar en forma inmediata mientras se realiza dicha reunificación, una comunicación adecuada, libre y regular de los beneficiarios con sus familias, conforme a su interés superior".
Además la CIDH insiste en que EE.UU. debe proporcionar atención médica, psicológica y demás apoyos, incluidos los de naturaleza consular, así como facilitar interpretación en los casos que resulten necesario para que las personas beneficiarias puedan tener conocimiento de sus derechos.
En el caso de que alguno de los padres hubiese sido deportado y separado así de su hijo, la Comisión insta a EE.UU. a "adoptar de forma inmediata las medidas necesarias en el marco de la cooperación internacional para asegurar dicha reunificación, teniendo en cuenta el interés superior del niño y los cuidados o apoyos que sean necesarios.
Asimismo, la CIDH pide a EE.UU. suspender todo procedimiento migratorio que tenga como consecuencia la separación de niños y de sus familias.
