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Cualquier ciudadano que considere hoy que sus derechos humanos han sido vulnerados por el Estado colombiano, y que se han agotado sin éxito todos los recursos judiciales internos para hacer valer sus derechos, puede presentar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-.
La FM conoció que la CIDH admitió para su estudio una petición que presentó la exsenadora y alcaldesa de Bogotá Claudia López contra el Estado colombiano, por la presunta violación de tres derechos humanos: sus derechos políticos, su libertad de pensamiento y expresión y el principio de legalidad y no reatroactividad (artículos 9, 13 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
La petición fue presentada a finales de 2017 pero sólo hasta ahora fue admitida por el organismo internacional, que ya notificó a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano. FM accedió a parte de la petición que guarda relación con las veces en que la exsenadora ha sido denunciada por injuria y calumnia y ha sido sancionada por este delito con órdenes de rectificación. En ese momento se abrió el debate en el país sobre si se limitaba la libertad de expresión vía tutela.
“Desde mi posesión como Senadora de la República en junio de 2014, he sido denunciada en 18 ocasiones por la supuesta comisión de los delitos de injuria y calumnia, todos ellos derivados de afirmaciones realizadas en medios de comunicación como radio, televisión, periódicos virtuales y la red social Twitter, en referencia a persona de relevancia pública, reprochando asuntos de interés público. En todos los casos las denuncias por calumnias e injurias han sido consecuencia de las opiniones realizadas en contra de personas sujetas a un alto grado de escrutinio público como servidores públicos, ex servidores públicos, candidatos e incluso personas electas popularmente, y se han referido a hechos de corrupción o comportamientos reprochables política y jurídicamente, relacionados con la posible comisión de delitos”, dice la petición.
La alcaldesa también cuestionó que sujetos de notoriedad pública como el exfiscal General, Néstor Humberto Martínez, le exigieran rectificar sus opiniones en diferentes tutelas.
“Adicionalmente, en cinco ocasiones personas de relevancia pública como el Fiscal General de la Nación, han acudido a la acción constitucional de tutela para lograr el amparo de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre mediante la invocación del derecho de rectificación o respuesta. Estos casos aplican el artículo 14 de la Convención Americana – de manera incorrecta- a las opiniones, convirtiendo el derecho de rectificación de información falsa en una especie de "derecho a réplica" pero a cargo de quien formuló la opinión, nada de lo cual se encuentra contenido en el mencionado artículo”, agrega la petición.
Por la mención del fiscal General se entiende que esta petición contra el Estado fue presentada a finales de 2017. En diciembre de ese año la exsenadora viajó a Washigton a contactarse con la CIDH para denunciar amenazas contra su vida y censura.
“Es muy lamentable que yo haga unas denuncias acerca de corrupción, sobre Germán Vargas Lleras y sobre Cambio Radical y luego me lleguen amenazas de muerte del Bloque Capital, que es el grupo paramilitar que estuvo vinculado en el pasado con ellos. Espero que eso sea una casualidad”, dijo López en esa fecha.
¿Qué podría pasar con la petición de la Alcaldesa?
Cuando un Estado es notificado de la admisibilidad de una petición, como le ocurrió a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado la semana pasada, la CIDH requerirá sus alegatos y podrá pedir pruebas o realizar una audiencia.
En la etapa final la CIDH emite un informe de fondo en el que genera recomendaciones al estado denunciado para que deje de violar los derechos de la presunta víctima. Si consideran que el caso es de gravedad y continuado, pueden remitirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que iniciaría un litigio internacional.
¿En qué casos rectificó la exsenadora López?
Hacia finales de 2017 fueron conocidos cuatro casos en los que la exsenadora López fue ordenada a rectificar. Una con Cambio Radical, de quien dijo " es un concierto para delinquir con personería jurídica". Otra sobre el Centro Democrático, en ese momento el comentario fue "mentirosos y corruptos del Centro Democrático liderados por el hijo del parapolítico Ciro Ramírez difamando a Carlos. Además de corruptos, cínicos”.
Otro caso guardó relación con Luis Felipe Henao a quien catalogó como "el ministro de la corrupción". Y otro caso fue con Nestor Humberto Martínez, exfiscal. El trino decía "queda claro porque Bustos y Néstor Humberto hundieron tribunal de aforados, sabían que terminarían presos si se descubría la venta de fallos".
