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La región española de Cataluña vivió una nueva jornada de protestas, con los grupos independentistas radicales incendiando contenedores y montando barricadas en las principales capitales de esa comunidad autónoma, mientras el Gobierno español intensificó los contactos con las diferentes fuerzas políticas y pidió la condena de esos actos.
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En una rueda de prensa, tras reunirse con los principales partidos con representación parlamentaria, el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, exigió al presidente del Gobierno regional, el independentista Quim Torra, que condene los actos violentos.
Sánchez rechazó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría la pérdida del autogobierno regional o la Ley de Seguridad Nacional, aprobada por el Psoe y PP en 2015, que ofrece al Gobierno "autoridad funcional" para dirigir las acciones que procedan "en materia de seguridad y orden público" ante una situación de interés para la nación.
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Según dijo, "es muy importante que los violentos y quienes los amparan o jalean, aunque sea de palabra", se enfrenten a la "moderación" como respuesta, ya que su esperanza es que el Gobierno entre en sus "provocaciones".
En referencia Torra, Sánchez aseguró que ningún gobernante "puede ocultar su fracaso con cortinas de humo y fuego" y le recodó que tiene el deber "moral y político" de frenar los altercados.
En unas breves declaraciones, Torra evitó condenar los actos de violencia de las últimas noches y señaló que tanto él como su gobierno "están al lado de la gente".
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