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El contexto
Defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y periodistas condenaron el presunto espionaje de que fueron víctimas por parte del gobierno de México denunciado por el diario estadounidense The New York Times.
"Esto es una operación del Estado mexicano. Los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer legalmente, han utilizado nuestros recursos para cometer ilícitos graves", apuntó la periodista Carmen Aristegui.
Aristegui, quien denunció el denominado caso de la Casa Blanca, comprada por la esposa del presidente mexicano, Angelica Rivera, consideró que "Enrique Peña nieto tiene que dar explicaciones" sobre este presunto espionaje.
Un artículo publicado por The New York Times señaló que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas fueron espiados a través de sus teléfonos móviles con un programa informático denominado Pegaso y vendido exclusivamente a gobiernos.
Entre las víctimas de espionaje está el personal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el equipo de Aristegui Noticias y activistas que promovieron la ley anticorrupción "3 de 3" que reclama que funcionarios y candidatos en elecciones hagan su declaración patrimonial y de intereses.
El estudio, presentado en México y publicado por Cotizen Lab, Article19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y social TIC, demuestra que cada licencia de infección costaría unos 77.000.00 dólares estadounidenses, precisó Ana Cristina Ruelas de Article19 en una rueda de prensa.
Según la investigación de Citizen Lab, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura NSO están vinculados a México, lo cual reafirma que autoridades mexicanas, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, son sus clientes y que personas en México han sido objetivos de esa forma de vigilancia.
En total se enviaron mensajes a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, entre ellos el director del Centro Prodh, Mario Patrón, al subdirector Santiago Aguirre, y la coordinadora del área Internacional, Stephanie Brewer.
Por otro lado, personas relacionadas con Aristegui Noticias, entre ellos la periodista Carmen Aristegui y su hijo de entonces 16 años Emilio Aristegui, así como los reporteros Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, recibieron un total de 56 mensajes.
El periodista Carlos Loret de Mola recibió ocho mensajes mientras investigaba las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán, por parte de la Policía Federal;los periodistas Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, recibieron al menos tres mensajes.
"No sabemos si los periodistas asesinados antes de ello fueron espiados. No sabemos si algo así ocurrió, pero a la luz de lo que vemos, tenemos derecho a pensarlo", ahondó Aristegui, quien añadió que "hay que decir no al miedo, a la censura, a los ataques de esta naturaleza y a la impunidad".
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