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La negociación posbrexit entre Londres y Bruselas todavía no ha comenzado pero el gobierno de Boris Johnson ya dejó clara el jueves su posición: rechazará alinearse con las reglas de la Unión Europea y podría abandonar las conversaciones en junio si no ve avances.
Tras la salida oficial del Reino Unido de la UE el pasado 31 de enero, ambas partes deben emprender el lunes la segunda, y más compleja, fase de negociación: la de su futura relación comercial.
Sin embargo, Bruselas, que teme encontrarse con un poderoso competidor desleal a sus puertas, ya advirtió de que el corto periodo de tiempo previsto -Johnson se niega a ampliar el periodo de transición más allá de finales de año- no permitirá alcanzar un acuerdo completo.
El ejecutivo británico publicó el jueves el documento con sus directrices negociadoras, dos días después de la aprobación por la UE de su propio mandato para unas complejas conversaciones que comenzarán en Bruselas antes de trasladarse a Londres a finales de mes.
En él, a cambio de un amplio acceso al mercado único europeos, los exsocios de Johnson exigen que el Reino Unido respete reglas a largo plazo en materia de subvenciones estatales, derechos laborales, medioambiente o fiscalidad.
Pero el gobierno británico ve las cosas de otro modo: "no negociará ningún acuerdo en el que el Reino Unido no tenga el control de sus propias leyes y de su vida política", afirman sus directrices, en las que el ejecutivo de Johnson afirma "esperar" que "las líneas generales de un acuerdo" se establezcan en junio.
De lo contrario "el gobierno tendrá que decidir si la atención del Reino Unido debe desviarse de las negociaciones y centrarse en la continuación de los preparativos" para romper bruscamente los lazos con la UE el 31 de diciembre.
Riesgo de ruptura brusca
Este anunció bastó para hacer desplomarse la divisa británica, la libra esterlina, frente al euro.
Una ruptura de la negociación equivaldría al temido escenario de un Brexit sin acuerdo, que los círculos empresariales británicos denunciaron con vehemencia durante los meses de caos político previos al divorcio debido a sus caóticas consecuencias económicas.
Ahora, con la fuerza que le otorga la aplastante mayoría legislativa conseguida en las legislativas de diciembre, Johnson está determinado a cumplir su promesa de completar el proceso a finales de 2020, sin ampliar el periodo transicional.
Durante dicha transición, que comenzó el 1 de febrero, nada cambia sustancialmente para permitir a empresas y administraciones adaptarse a la nueva situación y a las dos partes negociar las reglas de su nueva relación en materia de comercio, seguridad y defensa.
El acuerdo de divorcio permite ampliar una vez, y por un máximo de dos años, dicho periodo pero para ello las partes deberían acordarlo en junio.
Una de las principales manzanas de la discordia entre Londres y Bruselas es la pesca: la UE quiere "mantener el acceso recíproco" a las aguas territoriales, pero esta exigencia es difícil de aceptar para el Reino Unido que prometió convertirse de nuevo en un "estado costero independiente" a finales de año.
Así, los británicos quieren negociar anualmente el acceso a sus aguas con la UE, como hacen Noruega e Islandia.
Ambas partes ya han afirmado estar preparadas para la posibilidad de una falta de acuerdo, lo que significaría que las relaciones económicas entre Bruselas y Londres se regirían por las normas básicas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que son mucho menos ventajosas porque fijan aranceles para la mayoría de mercancías.
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