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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está "muy preocupado" por el fallo de este viernes del Tribunal Supremo que deja en vigor la ley de Texas que prácticamente prohíbe el aborto, aunque permite a clínicas que practican ese procedimiento seguir con sus desafíos legales en cortes inferiores.
"El presidente está muy preocupado por la decisión del Tribunal Supremo que permite a SB8 (el nombre de la ley de Texas) seguir en efecto dadas las consecuencias que la ley tiene para las mujeres en Texas y en todo el país y para el Estado de Derecho", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.
La portavoz aseguró que Biden está comprometido con el derecho al aborto, que fue reconocido en Estados Unidos en 1973 gracias al fallo en el caso "Roe contra Wade", en el que se estableció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.
En vez de depender de ese histórico fallo para proteger el aborto, Psaki reiteró el deseo de Biden de que ese derecho se recoja en una ley que sea aprobada por el Congreso.
En septiembre, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que blindaría el derecho al aborto en todo el país y dejaría sin validez los vetos en Texas y otros estados, pero que no tiene prácticamente ninguna posibilidad de salir adelante en el Senado porque necesitaría varios votos de la oposición republicana.
Sin embargo, Psaki dijo que la Casa Blanca ha estado en contacto con el liderazgo demócrata en el Congreso para aprobar esa norma y expresó "esperanza" de que vaya a salir adelante.
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos no entró este viernes a valorar si la legislación de Texas viola el derecho al aborto y se limitó a establecer que las clínicas abortivas pueden continuar con sus desafíos legales en cortes inferiores, aunque la norma seguirá vigente.
La ley de Texas, que entró en vigor en septiembre, prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación y no contiene excepciones para los casos de incesto o violación.
Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación, ya que cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición.
Además, ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación recae en esos ciudadanos particulares y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto al aborto.
Ninguna otra ley similar que prohíba abortar a las seis semanas de gestación -cuando se puede detectar el latido del corazón del feto- ha entrado en vigor en Estados Unidos.
