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Agricultores se enfrentaron con la Policía y bloquearon carreteras tras la autorización de una corte de Perú a la empresa mexicana Spcc para explotar la mina de cobre Tía María, con una inversión de 1.400 millones de dólares.
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Los manifestantes, que protestan desde hace un mes contra la minería, intensificaron sus acciones violentas al enterarse del fallo del Consejo de Minería que dio luz verde para la explotación de Tía María.
Con el lema "Con Agro si, Mina no", decenas de agricultores del Valle del Tambo se movilizaron por las calles de la ciudad de Arequipa, bloqueando las vías y lanzando piedras a la Policía.
El jefe del Gabinete peruano, Vicente Zeballos, dijo "que no se va a imponer el proyecto en Arequipa" y anunció que la comisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental "realizará una supervisión para saber si las condiciones ambientales siguen vigentes".
El vicepresidente de Finanzas del grupo mexicano que opera la empresa Southern Copper, Raúl Jacob, afirmó que "con este fallo no sólo se da viabilidad a la ejecución del proyecto, que tendrá un impacto positivo para el desarrollo de la provincia de Islay, sino también se da una buena señal a la comunidad de inversionistas".
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Sostuvo que el proyecto es sostenible y se desarrollará con los más altos estándares ambientales de la industria minera mundial.
Por su parte, el secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, José Luis Chapa, consideró que la resolución "es una traición a la patria y a la población".
El Gobierno había suspendido el 9 de agosto el permiso otorgado a la empresa mexicana Spcc para empezar a explotar la mina hasta que se resuelva un reclamo ambiental de las autoridades locales.
Tía María es un proyecto crucial del gobierno peruano en la generación de inversión y dinamización de la economía.
Según el Ministerio de Energía y Minas, la producción estimada es de 120.000 toneladas de cobre anuales. La empresa dijo que proyecta invertir 1.400 millones de dólares y que se crearán más de 9.000 nuevos empleos formales durante la construcción.
Desde 2011, cuando se inició el proceso para el permiso de operaciones para Tía María, las protestas contra el proyecto han dejado seis muertos entre los pobladores.
