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El presidente de Brasil, Michel Temer, fue denunciado por presunta corrupción pasiva y se convirtió en el primer mandatario en la historia del país en ser acusado por la Fiscalía, en pleno ejercicio del poder, por un delito penal, en medio de una crisis política e institucional que no tiene límites.
Los delitos practicados "poseen un alto grado de reprobación, causan conmoción social, descrédito, además de ser capaces de producir intranquilidad social y descreimiento de la población, víctima inmediata de la práctica delictiva", recogió la denuncia, de 64 páginas, firmada por el fiscal general, Rodrigo Janot.
El texto fue presentado a última hora de hoy al juez Luiz Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá si lo remite a la Cámara de Diputados para que se pronuncie. Para ser avalada, la denuncia tendrá que ser aprobada por al menos dos tercios del pleno de la Cámara de Diputados, donde Temer conserva, por el momento, una amplia mayoría.
En caso de que los diputados autoricen la denuncia, la Corte Suprema analizaría el tema en su pleno y, de secundar la decisión de la Cámara Baja, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días. El delito de corrupción pasiva está castigado en Brasil con pena de prisión de entre 2 a 12 años más una multa económica, siempre en caso de condena.
En la denuncia, Janot afirma que, "entre los meses de marzo y abril" de este año, "con voluntad libre y consciente", Temer "recibió para si, por medio de Rodrigo Rocha Loures", ya preso por presunta corrupción y también denunciado hoy, "la ventaja indebida de 500.000 reales" (unos 150.000 dólares).
Ese montante habría sido "ofertado" por Joesley Batista, uno de los dueños de la multinacional cárnica JBS, quien, junto con otros ejecutivos, reveló a la Justicia que el gobernante brasileño recibe sobornos desde 2010 y aportó una grabación en la que el mandatario escucha en silencio o consiente posibles delitos.
Janot señala que "además del efectivo recibimiento del montante espurio mencionado", Temer y Rocha Loures, "todavía aceptaron la promesa de ventaja indebida por un montante de 38 millones de reales" (unos 11,5 millones de dólares). El fiscal llega a decir que los "actos perpetrados" por Temer y Rocha Loures traspasan "los límites de lo tolerable, causando frustración a la comunidad" y comprometen "la imagen" de la República, del Parlamento y de la Presidencia. Además, Janot pide una multa de 10 millones de reales (unos 3 millones de dólares) por "daños morales" y le acusa de "haber actuado con violación de sus deberes para con el Estado y la sociedad".
La Presidencia de Brasil dijo tras conocer la denuncia que "no comentará" nada al respecto por el momento, aunque horas antes de que se anunciara la decisión de la Fiscalía, Temer aprovechó un acto público para afirmar que "nada nos destruirá, ni a mi ni a nuestros ministros". La denuncia integra una amplia investigación autorizada en el Supremo contra el presidente por supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.
Los dos últimos no están incluidos en la denuncia de hoy, pero en un informe entregado este lunes, la Policía Federal concluyó que Temer también intentó "obstaculizar investigaciones" y "dejó de comunicar a las autoridades" sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que podría generar otras denuncias.
Temer asumió el poder de forma interina en mayo del pasado año, tras la destitución de Dilma Rousseff, a quien sustituyó definitivamente el 31 de agosto de 2016. Si el proceso avanza y termina con la condena de Temer, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, tiene un plazo de 30 días para convocar a las dos cámaras legislativas y elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que concluye el 1 de enero de 2019.
Desde el escándalo, destapado el 17 de mayo, Temer ha perdido el apoyo de varios partidos minoritarios en la Cámara Baja y tanto la oposición como algunos legisladores de la base oficial han exigido su inmediata renuncia. La crisis política e institucional ha retrasado el trámite en el Congreso de importantes reformas económicas esperadas por los sectores empresariales, como la laboral y la del sistema de pensiones y jubilaciones.
