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El abogado Gustavo Quintero, representante de la actriz Carolina Sabino, celebró el fallo en primera instancia de una jueza de Bogotá, que condenó a la Fiscalía a pagar una indemnización a la artista por violar su intimidad tras ser interceptada en una llamada con su hermana, en la que conversaban de asuntos privados relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo.
Quintero señaló que lo reprochable de la Fiscalía en su momento fue violar la privacidad de su cliente así somo su buen nombre. "El reproche es la forma como se manejó la noticia y la afectación a la intimidad de mi clienta, por lo que eso constituye una condena al Estado como lo confirmó el fallo".
Explicó que "en realidad nosotros interpusimos una demanda que se llama reparación por los perjuicios sufridos y obtuvimos una decisión de primera instancia; es decir, que no está aún en firme sino que tiene la posibilidad de ser apelada".
Para el defensor de Sabino, "es interesante es que ya hay un juez que en este caso se pronunció de manera contundente, estableciendo por una parte una indemnización pecuniaria en plata por perjuicios y, por otra parte, la orden que se le da a la Fiscalía 30 días para realice un acto público frente al manejo de medios indebido frente al proceso adelantado en contra de mi clienta".
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El abogado recordó en RCN radio que el fallo también ordena realizar dentro de los próximos 60 días capacitaciones frente al derecho sexual y reproductivo: "En el caso donde se trate sobre el aborto y se retire la información de internet donde repose la historia clínica de mi clienta".
Cabe mencionar que el caso de la actriz se inició en el año 2015 tras la investigación al hacker Andrés Sepúlveda, compañero sentimental de Lina Luna, hermana de Sabino, a quién le interceptaron una conversación privada con la artista en la que se revelaron detalles de su historia clínica.
En su momento, la Fiscalía hizo público el inicio de un proceso penal contra Sabino por ese hecho, lo que le ocasionó a la artista daños en su vida profesional y personal, que la conllevaron a demandar al Estado y al ente acusador.
