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Según fuentes del organismo de vigilancia, "el mas reciente pago a las victimas de la captación ilegal (en la que están implicados Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Victor Maldonado,) fue de 80.000 millones de pesos".
Las fuentes señalaron que se les pagó a más de 1.000 reclamantes afectados por la captación ilegal. Estos recursos provenían de la subasta y de venta de activos embargados.
"Tras este pago, la suma reintegrada a los afectados supera los 175 mil millones de pesos", informó la SuperSociedades.
“Con este séptimo desembolso se le ha pagado a más de 730 reclamantes el 100 por ciento de las sumas comprometidas en el Fondo Premium, estos representan el 70,7 por ciento del total de reclamantes”, señalaron las fuentes.
El primer pago a los acreedores de Premium se efectuó en el mes de diciembre de 2013, fecha en la cual se cancelaron $9.000 millones de pesos; en total ($8.812.555 a cada uno de los inversionistas en cuentas del Banco Bancolombia).
El segundo pago se hizo efectivo en el mes de julio de 2014, fecha en la cual se cancelaron $9.100 millones de pesos ($8’909.358 a cada uno de los reclamantes en el proceso de intervención, siguiendo para el efecto el mismo procedimiento con el Banco Bancolombia).
El tercer pago, por 15.000 millones de pesos, se realizó en el mes de julio de 2015. Dichos recursos provenían de recuperación de cartera hecha durante el primer semestre de 2015. En ese momento se cancelaron $15.069.426 a cada uno de los reclamantes.
El cuarto desembolso fue por $20.000 millones y para el quinto pago la liquidación y las autoridades colombianas lograron repatriar, desde Curazao, 7,6 millones de dólares ($21.000 millones).
En este descalabro se vieron afectadas más de 1000 personas y se captaron ilegalmente alrededor de 320 mil millones de pesos.
"Se espera cerrar el proceso (Si los implicados en la captación no recurren) en menos de 2 meses", recordó la SuperSociedades.
Cabe reecordar que este jueves, Maldonado fue dejado en libertad por vencimiento de términos, pero seguirá vinculado al proceso.
El empresario es investigado por presuntamente participar en el desvío de dineros pertenecientes a los inversionistas del Fondo Premium a países considerados como paraísos fiscales.
Maldonado había sido extraditado desde España a finales del año 2015; la Fiscalía presume que abandone el país ahora que se encuentra en libertad, razón por la que continúa solicitando la vigilancia satelital del empresario.
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