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Según el jefe de este entidad, "se trata de la ley 1778 de 2016, que le otorgó a la SuperSociedades facultades para fiscalizar casos de soborno internacional".
El superintendente aclaró que, si bien esto alude a compañías colombianas que operan en el exterior, también se podría extender a otras empresas que tengan operaciones en Colombia.
De igual modo, Reyes sostuvo que desde marzo se ha venido investigando a una sucursal de Odebrecht, a la que en agosto le fue impuesta una sanción porque no había reportado sus estados financieros al organismo.
Sin embargo, dijo que la Superintendencia de Puertos y Transporte también tiene la facultad de imponer sanciones por estos casos de irregularidades en obras públicas.
-Denuncia-
La semana pasada, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, reveló que fue un alto funcionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien recibió los 6.5 millones de dólares como pago de sobornos de la firma constructora Odebrecht.
“El Gobierno nacional ha conocido que la persona que recibió 6.5 millones de dólares, en desarrollo de una conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario de la administración del Gobierno Uribe”, dijo Enciso.
“Esperamos que los involucrados en cualquier episodio de corrupción le den la cara al país y a la justicia y no recurran al sofisma de distracción de la persecución política para evadir las consecuencias de sus conducta", sostuvo.
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