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Esto con el fin de que empresas o concesionarios vinculados a investigaciones por casos de corrupción, no puedan contratar con el Estado, hasta tanto no se aclare su situación legal.
El jefe del organismo de vigilancia hizo alusión al caso de la firma Conconcreto, que sería la encargada de construir el acueducto de Mocoa, tras la avalancha ocurrida en esta ciudad, y que está siendo investigada, junto con otros consorcios, por un presunto caso de cartelización empresarial, y colusión, por la realización del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot.
Según Robledo, "hoy en día la eventual apertura de una investigación o el hecho de que esté en una indagación preliminar e incluso la eventual sanción de algún involucrado en actos de colusión, no genera ninguna inhabilidad para contratar con el Estado".
Por eso, dijo, "esa es una modificación que hay que hacerle a futuro también a las normas de competencia".
Sostuvo que esta propuesta fue enviada a la Presidencia de la República para ser analizada. "No debería el Estado colombiano después de sancionadas una empresas por colusión, contratar con ellas, sino que hubiera una inhabilidad en ese sentido".
Cabe recordar que el entonces vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, le pidió en febrero pasado a la Superintendencia de Industria y Comercio, investigar a fondo una presunta irregularidad sobre un pacto entre varios consorcios para quedarse con el contrato del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, cuyo monto asciende a $2.4 billones, entre ellas mencionó Conconcreto SAS.
La otras empresas mencionadas en la carta que envió entonces Vargas Lleras eran Concesionaria Vías del Desarrollo, conformada por Benton SAS y China Gezhouba Group Company Limitd Sucursal.
Tras este pedido, la SuperIndustria abrió un proceso para indagar sobre la veracidad de la denuncia y en próximos días presentaría los primeros resultados.
