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La continuidad de los subsidios que entrega el Estado es una de las principales dudas que ha surgido tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. En medio del complejo panorama fiscal que recibirá la nueva administración, el futuro equipo económico comenzó a revelar cuáles serán las primeras medidas para sanear las finanzas públicas y cómo impactarán los programas sociales.
Aunque el Gobierno ha insistido en que será necesario contener el gasto y revisar el presupuesto nacional desde el primer día de mandato, también ha señalado que ese proceso no implicará desmontar las ayudas dirigidas a la población más vulnerable. La estrategia, según explicó el próximo ministro de Hacienda, estará enfocada en mejorar los controles sobre el uso de los recursos públicos.
En una entrevista con Revista Semana, Miguel Gómez Martínez, designado para liderar el Ministerio de Hacienda, explicó que la nueva administración adelantará una revisión de los subsidios, anunció un congelamiento del gasto público desde el 7 de agosto y expuso el difícil escenario fiscal que, según dijo, recibirá el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Gobierno mantendrá los subsidios, pero revisará quiénes los reciben
Uno de los anuncios que hizo el futuro ministro fue despejar la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas económicas que actualmente entrega el Estado. Aunque durante las últimas semanas surgieron interrogantes sobre la posibilidad de reducir estos programas como parte del ajuste fiscal, Gómez Martínez aseguró que esa no será la decisión del nuevo Gobierno.
Durante la entrevista fue enfático al afirmar que "los subsidios no se van a tocar", dejando claro que las personas que hoy dependen de estos apoyos no enfrentarán una eliminación generalizada de los programas.
Sin embargo, explicó que la administración sí pondrá en marcha un proceso de revisión para verificar que los recursos públicos estén llegando a quienes realmente cumplen con las condiciones para recibirlos.
"Lo que sí queremos es revisar si hay colados", señaló el ministro designado, al indicar que la intención es identificar posibles irregularidades en la asignación de las ayudas y fortalecer los mecanismos de control sobre estos programas.
El funcionario sostuvo que, en un escenario de estrechez fiscal, resulta indispensable que el dinero destinado a subsidios llegue efectivamente a la población más vulnerable y no termine beneficiando a personas que ya no cumplen con los requisitos establecidos.
El ajuste comenzará con un congelamiento del gasto público
La revisión de los subsidios hace parte de un paquete más amplio de decisiones con las que el nuevo Gobierno busca recuperar el equilibrio de las finanzas públicas.
Según explicó Gómez Martínez, la primera medida económica será decretar el congelamiento del gasto desde el mismo 7 de agosto, fecha en la que comenzará el nuevo Gobierno.
"La primera medida que vamos a tomar el 7 de agosto, a través de un decreto, es la del congelamiento del gasto", aseguró durante la conversación con Semana.
El ministro indicó que el Estado viene ejecutando un nivel de gasto que considera insostenible frente a los ingresos actuales. Explicó que mientras el Gobierno desembolsa cerca de 40 billones de pesos cada mes, el recaudo ronda los 28 billones, diferencia que termina financiándose con mayor endeudamiento.
Al referirse al panorama que encontró el equipo de empalme, Gómez Martínez aseguró que "lo primero que uno piensa es: esto está fuera de control", al considerar que el crecimiento del gasto y de la deuda obliga a tomar decisiones inmediatas.
De acuerdo con el funcionario, el congelamiento no implicará detener todos los recursos del Estado, sino concentrarse en aquellas partidas cuya ejecución aún no ha comenzado para evaluar si es posible aplazarlas o reducirlas mientras se reorganizan las cuentas públicas.
Revisión de contratos y del presupuesto de cada sector
Además del análisis sobre los subsidios, el nuevo Ministerio de Hacienda adelantará una revisión de los presupuestos de las diferentes entidades del Estado y de miles de contratos de prestación de servicios firmados durante los últimos meses.
Gómez Martínez explicó que cada cartera deberá revisar las órdenes de prestación de servicios para establecer cuáles responden a necesidades reales de funcionamiento y cuáles podrían representar un uso ineficiente de los recursos públicos.
Durante la entrevista recordó que, según cifras de la Contraloría, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías se suscribieron más de 523.000 contratos por prestación de servicios, una situación que, a su juicio, amerita una revisión detallada.
Al mismo tiempo, indicó que el Ministerio de Hacienda está evaluando los presupuestos de todos los sectores para identificar partidas sobre las cuales aún sea posible intervenir.
"Estamos revisando los presupuestos de cada uno de los grandes sectores del Estado para identificar en dónde estamos a tiempo de hacer recortes. Eso es inevitable", afirmó.
Pese a ese proceso de ajuste, insistió en que la prioridad será reducir gastos que no afecten la atención de la población más vulnerable, razón por la cual los subsidios sociales permanecerán mientras se fortalece la verificación de sus beneficiarios.
Preguntas frecuentes
¿El Gobierno de Abelardo de la Espriella eliminará los subsidios?
Por ahora, no. El ministro de Hacienda designado aseguró que los programas de subsidios continuarán durante el nuevo Gobierno y descartó que exista un plan para desmontarlos como parte del ajuste fiscal. Lo que sí anunció es una revisión de los listados de beneficiarios para detectar posibles "colados" y garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente cumplen los requisitos establecidos. Según explicó, la intención es mejorar la focalización de los recursos y hacer más eficiente el gasto social, sin afectar a la población vulnerable.
¿Qué otras medidas económicas anunció el nuevo ministro de Hacienda?
Además de mantener los subsidios, Miguel Gómez Martínez confirmó que el Gobierno expedirá un decreto para congelar parte del gasto público desde el 7 de agosto. También anticipó una revisión de partidas presupuestales cuya ejecución aún no ha comenzado y de los contratos de prestación de servicios suscritos por las entidades estatales. Estas acciones, explicó, hacen parte de una estrategia para enfrentar el déficit fiscal, controlar el crecimiento de la deuda pública y comenzar un proceso de reorganización de las finanzas nacionales desde el inicio del nuevo mandato.
