La medida modifica el régimen de inversión y permite a las administradoras contar con un mayor universo de mercados y activos para estructurar los portafolios de los afiliados, manteniendo los límites específicos y las reglas de gestión de riesgos.
Educación y alimentos aparecen entre los sectores que ejercerían mayor presión sobre el costo de vida, mientras el Banco de la República mantiene su atención sobre la evolución de los precios.