La FM en Google News
Un borrador del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) establece varias propuestas encaminadas a disminuir la carga regulatoria de las compañías y que plantea cambios en el mercado laboral del país, con el fin de reactivar el empleo.
Una de las iniciativas planteada es eliminar de los costos laborales no salariales relacionados con los aportes a salud del empleador y parafiscales de ICBF (Bienestar Familiar), Sena y Cajas de Compensación Familiar.
Le puede interesar: Más de la mitad de comerciantes reportó caída en ventas en septiembre, pese a reactivación
Actualmente las compañías deben aportar el 2% del valor de la nómina cada mes para el Sena, el 3% del salario de cada empleado mensualmente al ICBF y el 4% por mes sobre el salario de cada trabajador que se aporta a cajas de compensación familiar.
"Los costos laborales no salariales en Colombia son mayores que en los demás países de la región y de la OCDE. Esto a pesar de que la Ley 1607 de 2012 eliminó las contribuciones al sistema de salud y los pagos parafiscales para el SENA y el ICBF, lo cual significó una reducción de 66 % a 52 % de los costos para trabajadores de un salario mínimo”, indica el Conpes.
También se propone que se actualice la legislación laboral para simplificar y reducir costos para las empresas del trámite de despido de trabajadores, dice el documento que este representa barreras no sólo monetarias, sino también por la rigidez de sus trámites, que incluye en algunos casos solicitud de permisos ante el Ministerio del Trabajo.
Más aquí: Más de 54.000 trabajadores, en riesgo de perder empleo con piso de protección social
"Además, al momento de considerar terminar un contrato, se debe tener cuenta: el tipo de contrato laboral pactado, si la terminación es de manera unilateral o por justa causa, si se está ante un despido colectivo o si el trabajador goza de una estabilidad laboral reforzada”, manifiesta el documento.
Otra medida que estaría sobre la mesa tiene que ver con el incremento del salario mínimo: “Se presentará una reforma al proceso de negociación y establecimiento del salario mínimo de manera que contemple poblaciones que al existir un salario mínimo se ven afectadas, como informales y desempleados”, concluye.
Estas iniciativas fueron eliminadas del texto que actualmente se encuentra publicado, tras la polémica generada.
