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La Corte Constitucional aceptó las objeciones fundadas por el entonces presidente Juan Manuel Santos al proyecto de ley 127 de 2015 que busca brindar garantías laborales a las madres comunitarias.
El Alto Tribunal encontró que no se debatió la sostenibilidad fiscal de la norma, por lo cual devolvió al Congreso de la República el proyecto de ley para que se subsane el error y se consulte al Ministerio de Hacienda sobre la viabilidad del proyecto.
El entonces presidente Santos consideró que la norma era inconveniente y generaba un impacto fiscal “de enormes proporciones”, señalaba que los artículos que desarrollaban el subsidio a la vejez y la educación gratuita afectarían “la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y la sostenibilidad fiscal".
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Además, señaló que era innecesario crear un subsidio permanente para la vejez teniendo en cuenta que existe “el subsidio pensional”.
El proyecto de ley 127 de 2015, buscaba que las madres comunitarias tuvieran contratos directos con el Estado a termino indefinido y garantizar los derechos a salud, pensión y riesgos profesionales.
Otra de las objeciones que presentó Santos en su momento está relacionada con un incremento en las finanzas públicas, ya que habría un aumento de $769 mil millones, al pasar de 6 mil a 61 mil madres comunitarias contratadas por el Estado a través del ICBF.
Asimismo el Gobierno aseguró en su momento que desde 2014 las madres comunitarias ya reciben un salario mínimo y gozan de protección laboral a través del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar.
