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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público pidió a la Corte Constitucional iniciar el estudio de un incidente de impacto fiscal sobre la Sentencia C-264 de 2026, que pone en marcha la reforma pensional el próximo 1 de abril de 2027, al considerar que sus efectos pueden comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La solicitud fue presentada por el ministro Miguel Gómez Martínez ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, dentro del expediente D-15989, en el que figura como accionante Paloma Susana Valencia Laserna. El documento está dirigido a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y a los demás integrantes del alto tribunal.
Con esta solicitud, el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca que la Corte evalúe los efectos económicos de su decisión y permita ajustar la programación fiscal frente a las obligaciones derivadas del nuevo sistema pensional.
En el escrito, Hacienda pidió la “APERTURA DEL INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL SOBRE LA SENTENCIA C-264 DE 2026”, así como el término legal para sustentar sus argumentos.
La solicitud de Hacienda ante la Corte
El Ministerio fundamentó su petición en el artículo 334 de la Constitución y en la Ley 1695 de 2013, normas que regulan el incidente de impacto fiscal cuando una decisión judicial pueda alterar la sostenibilidad fiscal.
Según el documento, el artículo 2 de esa ley permite que el incidente proceda “respecto de todas las sentencias o los autos que se profieran con posterioridad a la misma, por las máximas corporaciones judiciales, cuando se altere la sostenibilidad fiscal”.
Hacienda sostuvo que la solicitud fue presentada dentro del término correspondiente y que la Corte Constitucional es competente para estudiar el incidente, por tratarse de una sentencia proferida por su Sala Plena.
El Ministerio también señaló que el trámite no busca modificar el fondo de la decisión judicial. En el texto afirmó que el incidente se solicita “sin que en momento alguno se pretenda alterar el contenido sustantivo de la sentencia C-264 de 2026”.
Efectos sobre el Presupuesto General de la Nación
Uno de los puntos centrales de la solicitud es el efecto de la fecha de entrada en vigencia de la reforma pensional sobre la planeación presupuestal.
Hacienda indicó que el sentido del fallo se conoció el 25 de agosto, dos días antes de que el Gobierno radicara el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. Según la cartera, para ese momento el proyecto ya estaba estructurado con base en el Plan Financiero vigente y en las reglas pensionales existentes antes de la sentencia.
El Ministerio afirmó que la entrada en vigencia del nuevo sistema “introduce, por tanto, requerimientos fiscales que no pudieron ser incorporados en la planeación y presupuestación ordinaria”.
También advirtió que, por la devolución de algunos artículos de la reforma a la Cámara de Representantes, no existe certeza plena sobre todos los efectos fiscales de la ley. En el escrito señaló que “a la fecha no existe para el Gobierno nacional una certeza absoluta sobre las implicaciones fiscales de la reforma”.
El cálculo sobre Colpensiones
La cartera de Hacienda sostuvo que la entrada en vigencia de la Ley 2381 bajo la fecha fijada por la Corte genera necesidades adicionales de recursos para Colpensiones.
“De conformidad con las estimaciones de esta cartera, la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2027, a partir del 1 de abril de 2027, generaría requerimientos adicionales de recursos para Colpensiones del orden de $5 billones”, dice el documento.
Hacienda explicó que esos recursos tendrían que ser compatibles con el espacio fiscal disponible, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero y el Presupuesto General de la Nación.
El Ministerio también llamó la atención sobre el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, creado para respaldar obligaciones pensionales futuras. Según el documento, la reforma contemplaba una senda de acumulación del ahorro equivalente a 1,8 % del PIB entre 2025 y 2028; 1,6 % entre 2029 y 2035; 1,4 % entre 2036 y 2040; 1,2 % entre 2041 y 2050; y 1,0 % del PIB a partir de 2051.
Para Hacienda, la fecha definida por la Corte altera esos periodos de acumulación. El Ministerio sostuvo que la nueva entrada en vigencia “impacta directa y ostensiblemente los parámetros de acumulación previstos para el FAPC, modificando los horizontes proyectados de ahorro y acumulación”.
Sostenibilidad fiscal y derechos pensionales
El Ministerio señaló que el país enfrenta restricciones de gasto y necesidades de ajuste en el corto plazo. En el escrito afirmó que “la incorporación de obligaciones permanentes sin una fuente de financiación previamente prevista genera un desequilibrio actuarial, financiero y presupuestal”.
Pese a ello, Hacienda precisó que el incidente no busca afectar derechos ya reconocidos ni suspender pagos pensionales. El documento indica que el trámite “no implicaría desconocer derechos pensionales consolidados ni interrumpir el pago de las pensiones reconocidas”.
La cartera agregó que se mantendrían las obligaciones y mecanismos de protección a la vejez, incluidos los programas de transferencias monetarias dirigidos a adultos mayores, con su financiación presupuestal.
En su conclusión, Hacienda sostuvo que la solicitud busca “armonizar la debida implementación de la decisión judicial con los principios de sostenibilidad fiscal, sostenibilidad financiera, programación presupuestal, planeación del gasto y protección de los derechos pensionales”.
Ahora la Corte Constitucional deberá decidir si abre el incidente de impacto fiscal y, en caso de hacerlo, estudiar los argumentos que presente el Ministerio de Hacienda sobre los efectos económicos de la sentencia.
¿Reforma pensional: qué pidió Hacienda a la Corte Constitucional?
La reforma pensional motivó una solicitud del Ministerio de Hacienda para que la Corte Constitucional abra un incidente de impacto fiscal sobre la Sentencia C-264 de 2026, con el fin de revisar los efectos presupuestales de la entrada en vigencia del nuevo sistema el 1 de abril de 2027.
¿Incidente de impacto fiscal: por qué lo solicitó Hacienda?
El incidente de impacto fiscal fue solicitado porque Hacienda considera que la sentencia genera obligaciones fiscales que no fueron incorporadas en la planeación del Presupuesto General de la Nación para 2027 y que pueden afectar la sostenibilidad fiscal.
¿Reforma pensional: cuánto costaría su entrada en vigencia según Hacienda?
La reforma pensional, según estimaciones citadas por Hacienda, generaría requerimientos adicionales para Colpensiones por cerca de $5 billones a partir de su entrada en vigencia el 1 de abril de 2027.
¿Reforma pensional: se afectarían las pensiones reconocidas?
La reforma pensional no implicaría, según Hacienda, desconocer derechos pensionales consolidados ni interrumpir el pago de pensiones reconocidas, pues la solicitud busca ajustar la implementación fiscal de la sentencia.
