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Más de 200.000 personas que trabajan bajo la figura de prestación de servicios y personas naturales, quienes por años han venido cumpliendo funciones misionales, serán incorporados a la planta de personal del Estado.
Así quedó establecido mediante un decreto que establece mecanismos para la actualización de las plantas globales de empleo en las entidades, en medio de las acciones para la generación de mejores condiciones laborales de los servidores públicos en el país.
“Se trata de revisar las 191 entidades del Estado y las 6.200 que componen los entes territoriales para establecer qué contratistas de prestación de servicios y personas naturales, deben ser incorporados a la planta de personal del Estado”, afirmó Fernando Grillo, director de Función Pública.
El funcionario destacó que este decreto que firmó el Gobierno es el resultado del acuerdo de la negociación colectiva de solicitudes de la Organizaciones Sindicales de los empleados públicos.
“Se está cumpliendo con lo acordado en la mesa bipartita del presente año de expedir la reglamentación para mantener actualizadas las plantas de personal y así mismo crear una mesa de trabajo que tiene por objeto revisar la situación actual de las plantas de las entidades”, subrayó.
Grillo aseguró que “en efecto se busca que la administración pública realice estudios técnicos de sus cargas laborales al menos cada dos años, con el fin de soportar necesidades como la ampliación de las plantas de personal, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y las medidas de racionalización del gasto”.
También agregó que “las entidades deben evaluar su modelo de operación, revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios y garantizar que se ajusten a los parámetros de la contratación pública”.
En el caso de las Empresas Sociales del Estado (ESE), el decreto establece que tendrán que dar cumplimiento a la norma “una vez se expida el régimen laboral aplicable a sus servidores públicos (...) Es una transición que está pactada para dos años pero va a tener victorias tempranas y ya estamos iniciando a partir de hoy".
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Con el propósito de promover el cumplimiento del decreto e identificar a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional que deben actualizar sus plantas, el Gobierno creó una mesa de seguimiento que tendrá una duración de tres años y estará integrada por los Ministerios de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, además de Función Pública, el Departamento Nacional de Planeacióny ocho representantes de las centrales sindicales.
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