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El Gobierno Nacional anunció que se firmó la Negociación del Acuerdo Nacional Estatal, que beneficiará a 1.275.000 servidores públicos de todo el país.
El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, confirmó que en los acuerdos reinó el consenso con las diferentes organizaciones sindicales a nivel nacional en temas como el retorno a clases de forma presencial, aumento de salarios, reorganización de las horas laborales y el sistema de salud.
“El Gobierno Nacional desea dar soluciones en beneficio de los trabajadores del país y los temas en donde no hubo acuerdos, buscaremos salidas”, destacó.
Este proceso de diálogo que se desarrolló a lo largo de varios días, permitió que el pliegos de solicitudes de las 20 organizaciones sindicales pudieran ser analizadas.
“El pliego se compuso de 1.276 solicitudes, las cuales fueron estudiadas por la mesa central y los grupos sectoriales de educación, género, ambiente, relaciones exteriores, gobierno, defensa, trasporte y justicia”, aseguró.
Dentro de los acuerdos logrados se destacan el incremento salarial a servidores públicos que beneficia a 1.275.000 trabajadores y el aumento salarial para la vigencia de 2021.
“Para el año 2022 se acuerda un aumento salarial correspondiente al crecimiento porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total en el año 2021, certificado por el DANE a 31 de diciembre, más 1.64 puntos porcentuales, el cual regirá a partir del 1 de enero del 2022”, sostuvo.
También se definió crear una comisión para estudiar la reducción de la jornada laboral de servidores públicos, conformada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio del Trabajo y las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo.
En ese sentido, se definieron unas mesas técnicas para el pago de obligaciones de las Empresas Sociales del Estado e implementación de nuevo régimen de carrera administrativa, a partir de la caracterización de las deudas y de los mecanismos de reconocimiento y pago de las obligaciones.
Se confirmó que el Gobierno Nacional con la participación de las organizaciones sindicales firmantes, propondrá un nuevo régimen especial de carrera administrativa para las Empresas Sociales del Estado y presentará e impulsará un proyecto de ley que brinde facultades transitorias al ejecutivo para tal efecto.
De la misma forma se estableció un nuevo régimen especial de carrera administrativa que incluirá los empleos que desarrollen actividades permanentes con excepción de las especialidades médicas y creará empleos utilizando como soporte financiero los recursos que financian la contratación existente.
El ministro Ángel Custodio Cabrera explicó que también se acordaron unas directrices para implementación de jornadas flexibles a servidores públicos; el Gobierno expedirá una directriz para las entidades del orden nacional, territorial y órganos de control para implementar jornadas flexibles, dentro del marco legal establecido en la ley para la jornada laboral, con el fin de generar conciliación entre la vida laboral y personal, para garantizar la salud mental y física de los empleados públicos.
En materia de educación se definió el servicio de educación inicial, preescolar, básica y media, que se prestará de manera presencial a partir del inicio de las actividades académicas del segundo semestre de 2021.
El Ministerio de Educación tiene previsto convocar de manera permanente a las Secretarías de Educación para efectuar seguimiento a la impementación de las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas, para mitigar el riesgo de contagio por la covid-19.
“Las entidades territoriales certificadas en educación tendrán a cargo la vigilancia y cumplimiento del protocolo de bioseguridad, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las Secretarías de Salud municipales, distritales y departamentales”, dijo la ministra de educación, María Victoria Angulo.
La funcionaria concluyó que se creará el Estatuto Docente y se tendrán estrategias que permitan la prevención de la violencia a la mujer en el lugar de trabajo y la confirmación de una política pública de protección a líderes sindicales, entre otros acuerdos que quedarán plasmados en diferentes decretos que alista el Gobierno.
