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El Gobierno Nacional prepara la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, establecidas en cinco municipios de la provincia de Sabana Centro, en Cundinamarca.
De acuerdo con el proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura, la decisión dejaría sin efectos las resoluciones mediante las cuales fueron delimitadas estas áreas y sus respectivos documentos técnicos, anexos cartográficos e instrumentos que hacen parte integral de las decisiones.
La derogatoria comprende las APPA establecidas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio.
El documento señala que, una vez entre en vigencia la resolución, las áreas dejarán de producir efectos como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y como determinantes de ordenamiento territorial de nivel 2.
La decisión no modificaría por sí misma los instrumentos de ordenamiento territorial ni los actos territoriales que hayan sido adoptados válidamente durante la vigencia de las resoluciones.
Además, el proyecto establece un régimen de transición para las actuaciones administrativas que se encuentren en curso. Estas deberán resolverse con base en el ordenamiento jurídico vigente al momento de adoptar la decisión correspondiente y no podrán sustentarse en las resoluciones derogadas.
¿Qué argumenta el Ministerio de Agricultura?
Según el documento, la derogatoria conjunta de las cinco APPA responde a dificultades identificadas en la configuración de estas determinantes.
El Ministerio sostiene que las medidas para proteger la producción de alimentos deben estar sustentadas en información actual, verificable y técnicamente suficiente, y que deben tener en cuenta la diversidad productiva de los territorios, la autonomía territorial y las condiciones de los destinatarios.
El proyecto señala que mantener vigentes las cinco determinantes prolongaría los efectos obligatorios de unas delimitaciones cuya justificación técnica, de acuerdo con el análisis del Ministerio, no permite establecer una correspondencia suficiente entre las restricciones impuestas, la realidad productiva y el objetivo de protección.
La resolución también aclara que la derogatoria no elimina el deber del Estado de proteger la producción de alimentos, ni las competencias o instrumentos generales de intervención estatal sobre el suelo rural.
En ese sentido, seguirían vigentes otras disposiciones aplicables al territorio, entre ellas las determinantes ambientales de la CAR y los instrumentos de ordenamiento territorial como los POT, PBOT y EOT, además de las normas nacionales correspondientes.
Exministro cuestionó las restricciones sobre la propiedad
Consultado por La FM, Rubén Darío Lizarralde exministro de agricultura se refirió a la decisión y a los efectos que, en su concepto, tuvieron estas delimitaciones sobre los propietarios y la actividad agroindustrial.
Lizarralde sostuvo que la norma representaba una limitación sobre las decisiones que los propietarios podían tomar respecto de sus terrenos.
“Esta norma en mi concepto es absurda porque limita la expresión de la propiedad de la tierra. Impide que los dueños de la tierra tomen decisiones de mercado que ellos consideren las más adecuadas”.
Según explicó, esas decisiones deberían responder principalmente a las condiciones del mercado y no a determinaciones adoptadas desde las entidades públicas.
“Las más adecuadas están en función del mercado, no en función de lo que se decida en un escritorio de un ministerio o de una unidad que definitivamente entra a calificar económicamente el futuro o la expresión de un predio”.
Para Lizarralde, las restricciones sobre el uso de la tierra han incidido en el desarrollo de la agroindustria en el país.
“Esta era una limitación a la propiedad absurda. En Colombia, precisamente esas decisiones políticas sobre la tierra son las que han estado impidiendo un verdadero desarrollo de la agroindustria en Colombia”.
Lizarralde plantea ampliar el desarrollo agroindustrial
El exministro también hizo énfasis en que hablar de desarrollo agroindustrial no implica necesariamente referirse a grandes capitales o grandes extensiones de tierra.
Aseguró que los pequeños productores también pueden participar en proyectos de este tipo y que la reforma agraria puede desarrollarse mediante diferentes modelos productivos.
En su análisis, Colombia tiene una amplia disponibilidad de tierra para actividades productivas, pero una parte limitada de esa superficie está actualmente destinada a la producción.
“Nosotros tenemos 40 millones de hectáreas para producir y solamente ni siquiera llegamos a 7 millones de hectáreas y todo porque por la politización del tema de la tierra”.
Lizarralde agregó que el país enfrenta una situación en la que importa más productos agropecuarios de los que produce y consideró que las políticas sobre el uso del suelo deberían facilitar la expansión de la producción.
“Aquí más bien lo que tenemos es que abrir espacios y abriendo espacios es que definimos desarrollo y definimos desarrollo en función del mercado, del mercado nacional y del mercado internacional”.
Finalmente, cuestionó que las restricciones contempladas en las APPA determinaran el sentido de la producción en municipios específicos de la Sabana.
“Esas limitaciones que están expresadas en esta resolución, donde le limitan a varios sectores, ni siquiera regiones del país, a varios municipios, el sentido de su producción, eso es limitativo y eso es excluyente al final de cuentas”.
La derogatoria planteada por el Ministerio de Agricultura se concentra, por ahora, en las cinco APPA de la provincia de Sabana Centro mencionadas en el proyecto de resolución. El documento no establece que la decisión implique, por sí misma, la eliminación de las demás áreas de este tipo creadas en otras zonas del país.
