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Las empresas colombianas iniciarán 2026 en un entorno de mayor exigencia fiscal y financiera, con presiones sobre márgenes y liquidez, en medio de tasas de interés elevadas, inflación persistente y un acceso más limitado al financiamiento externo, según un análisis reciente de Fitch Ratings.
El sector corporativo colombiano enfrentará un escenario más restrictivo durante los próximos 12 a 18 meses, de acuerdo con Fitch Ratings, que anticipa una mayor presión sobre los márgenes y los flujos de caja operativos por la combinación de “tasas de interés persistentemente elevadas”, una “inflación persistentemente rígida”, mayores cargas tributarias y un acceso más limitado a los mercados internacionales.
La agencia identifica como punto de partida la rebaja de la calificación soberana de Colombia en diciembre de 2025, decisión asociada al deterioro de las cuentas fiscales y al aumento de la deuda pública. Según el informe, este ajuste ya se ha reflejado en seis rebajas de calificación corporativa, en un contexto en el que una prima de riesgo más alta incrementa el costo del financiamiento y reduce la visibilidad sobre la generación de caja, especialmente para empresas con mayor nivel de endeudamiento o restricciones de liquidez.
Efecto dominó de la calificación soberana
Fitch señaló que el entorno monetario ofrece poco margen de alivio. Las preocupaciones fiscales y la inflación, según la agencia, limitarán el ritmo de la flexibilización monetaria, manteniendo elevados los gastos financieros y debilitando la cobertura de los flujos de caja. En ese escenario, la presión financiera se prolonga y reduce la capacidad de las compañías para absorber choques adicionales.
A este panorama se suma la incertidumbre política y regulatoria, que Fitch considera un factor que amplifica los riesgos. La agencia prevé que esta incertidumbre se mantenga elevada en la antesala de las elecciones legislativas de marzo y presidenciales de mayo, particularmente tras la decisión de la Corte Constitucional del 29 de enero de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica expedido en diciembre de 2025.
Para la calificadora, este episodio “aumentó la incertidumbre política y redujo la visibilidad sobre las medidas de recaudación a corto plazo”. El informe recuerda que, tras el fracaso de la reforma fiscal en el Congreso, la declaratoria de emergencia había permitido implementar medidas inmediatas, como mayores impuestos al patrimonio y a las transacciones financieras, un gravamen del 1% a las ventas y exportaciones de petróleo y carbón, y cargos adicionales a los generadores de energía.
Impacto en el financiamiento empresarial
La suspensión de estas medidas refuerza, según la calificadora, el “riesgo de cambios y retrocesos repentinos” en la política económica, con efectos sobre la confianza y la volatilidad.
El impacto, advierte Fitch, no es uniforme entre los sectores. Las empresas de servicios públicos de energía figuran entre las más expuestas, debido a intervenciones de política que priorizan el control de precios de corto plazo sobre la previsibilidad financiera y los incentivos a la inversión. Este enfoque, según la agencia, eleva el riesgo de escasez futura y ha deteriorado las perspectivas del sector para 2026, con mayores tensiones de liquidez para generadoras y distribuidoras.
El aumento reciente del salario mínimo introduce una presión adicional. Fitch reconoce que podría impulsar el consumo en el corto plazo, pero advierte que también puede intensificar la inflación y, si se combina con controles de precios, reducir los márgenes empresariales. En sectores intensivos en mano de obra, esta dinámica limita la capacidad de trasladar mayores costos.
Incertidumbre fiscal y política acelera riesgos
El canal financiero completa el panorama. Una prima de riesgo soberano más alta limita el acceso a los mercados internacionales, mientras que el mercado local de bonos ha mostrado una actividad moderada. “Se espera que los vencimientos transfronterizos sean mínimos en 2026 y de aproximadamente US$2.000 millones en 2027. Fitch pronostica que el apalancamiento bruto mediano aumentará ligeramente a 2,5 veces en 2026, desde 2,4 veces”, señala el informe.
Ante este escenario, las empresas han recurrido principalmente al financiamiento bancario de corto y mediano plazo. Aunque la agencia reconoce factores mitigantes, como un apalancamiento agregado conservador y perfiles de vencimiento manejables, prevé que la presión crediticia se mantenga en un contexto de elevada incertidumbre.
