Marcela Ulloa aseguró que el proyecto del libro 'Colombia, más allá de la memoria' y unas exposiciones en Miami y Europa pretendían financiarse con recursos de publicidad y pauta de Ecopetrol. Otras fuentes de La FM también señalaron que Juan Carlos Hurtado presidente encargado de Ecopetrol habría contado con un “manto de protección” y que su llegada a la presidencia encargada estaría rodeada de presuntas presiones relacionadas con el entorno de Verónica Alcocer y alias “el Bachiller”.
Marcela Ulloa, exjefe de Comunicaciones Externas y Prensa de Ecopetrol, aseguró que en abril de 2025 se negó a tramitar un patrocinio por cerca de $7.200 millones para financiar el libro y varias exposiciones internacionales en Miami y Europa.
Según su versión, la solicitud habría sido impulsada por Eva Ferrer, asesora española cercana a la entonces primera dama Verónica Alcocer, y fue presentada en reuniones internas de Ecopetrol en las que participaron directivas de la compañía.
Ulloa afirmó que fue citada a encuentros con Ángela de la Pava y Diana Jiménez, en los que se expuso la propuesta para financiar la impresión de miles de ejemplares del libro y la realización de exhibiciones fuera del país. De acuerdo con su relato, el monto solicitado equivalía prácticamente a todo el presupuesto de pauta de Ecopetrol para 2025.
La exfuncionaria explicó que la compañía tenía dos rubros distintos: uno de publicidad, cercano a los $2.000 millones, y otro de pauta, de alrededor de $7.000 millones. Por eso, sostuvo que la solicitud era desproporcionada y que no tenía relación directa con la actividad misional de Ecopetrol.
Ulloa aseguró que se negó a llevar la propuesta al comité de patrocinios, instancia en la que debía sustentarse la conveniencia del proyecto. Según dijo, no estaba dispuesta a defender una iniciativa que, en su criterio, no tenía conexión con el negocio energético ni con las prioridades de la compañía.
La exjefe de prensa dejó constancia de su negativa en un correo electrónico de ocho puntos. En esa comunicación, según su versión, argumentó que el proyecto no guardaba relación con el objeto social de Ecopetrol, no aportaba a la reputación corporativa de la empresa, no beneficiaba sus operaciones y resultaba inconveniente en medio de las medidas de austeridad que se aplicaban en ese momento.
Además, Ulloa señaló que Ecopetrol venía restringiendo impresiones, publicaciones y gastos no esenciales, por lo que consideró improcedente destinar una suma de esa magnitud a un libro y a exposiciones internacionales.
Ulloa denunció presiones internas después de su negativa
Marcela Ulloa aseguró que, después de rechazar el trámite del patrocinio, empezó a recibir presiones y tratos que calificó como hostigamiento laboral. En su relato señaló a Diana Jiménez, entonces directiva del área de Relacionamiento Corporativo y Comunicaciones, como una de las personas que habría insistido en avanzar con la propuesta.
De acuerdo con Ulloa, el ambiente laboral se deterioró tras su negativa y la situación se mantuvo durante varios meses. Posteriormente, cuando el caso volvió a tomar fuerza dentro de Ecopetrol, la exfuncionaria decidió acudir a la Dirección de Cumplimiento de la compañía.
El 4 de agosto de 2026, Ulloa entregó información a Rodolfo García, director de Cumplimiento de Ecopetrol, sobre las reuniones en las que se habría discutido la solicitud de patrocinio. Según su versión, aportó correos y soportes que demostraban que el proyecto sí fue presentado internamente y que ella se opuso a tramitarlo.
Días después, el 17 de agosto de 2026, Ulloa buscó apoyo de las delegadas de género de la Unión Sindical Obrera, USO, a quienes les informó sobre las presiones laborales que, según ella, venía enfrentando.
El sindicato pidió una reunión para el 25 de agosto con Diana Jiménez, el presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, y la Vicepresidencia de Talento Organizacional, con el fin de revisar la denuncia de acoso laboral.
Sin embargo, un día después, el 26 de agosto de 2026, Ulloa fue notificada de la terminación unilateral de su contrato sin justa causa.
La exfuncionaria sostiene que su salida fue una represalia por haberse negado a tramitar el patrocinio y por haber entregado información a Cumplimiento. Según su versión, la decisión habría sido autorizada por Diana Jiménez para frenar la divulgación de datos relacionados con la presunta influencia del entorno de Verónica Alcocer en asuntos de Ecopetrol.
Hasta el momento, esas afirmaciones no han sido objeto de una decisión oficial por parte de los organismos de control.