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El contralor de la República, Carlos Felipe Córdoba, anunció que ya se inició el proceso de embargo de las cuentas de todos los funcionarios y contratistas implicados en escándalo de Ministerio de la Tecnologías y las Comunicaciones (TIC) por el contrato suscrito con con la Unión Temporal Centros Poblados, para llevar internet a más de 14.000 colegios en el territorio nacional.
El jefe del ente de control fiscal advirtió que, pese a que el anticipo del contrato fue de $70.000 millones, la Contraloría está facultada para embargar el doble, es decir, $ 140.000 millones para salvaguardar los recursos públicos.
“Tenemos que verificar las cuentas y los datos que es lo que se tiene dentro del proceso para resguardar los recursos públicos, los embargos correspondientes para resguardar no son solo los 70.000 millones sino la norma nos permite resguardar hasta 140.000 millones y ya lo estamos haciendo”, dijo Córdoba.
Agregó que “el país puede estar tranquilo en que seguiremos trabajando en la recuperación de estos recursos rápidamente”.
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El embargo cobija las cuentas de funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Funtic), entre ellos a Adriana Meza, representante legal; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual y Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato.
Así como las cuentas del "representante legal de Intec de la Costa S.A.S, Hugo Armando Canabal Hoyos, Juan Sebastián, Vergara Ortega, representante legal de Omega Bulding Constructora , S.A.S ,Miembros del Consorcio Pe2020 C Digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivero, Pmo Solycom Sas, representada legalmente por Paola Andrea Izquierdo Rivera, Eurocontrol Sa Sucursal Colombia, representada legalmente por Francisco Javier Barrena de Valenciana. y Telemediciones S.A.S., representada legalmente por José María Hougton Pérez identificado con cédula de ciudadanía N. 10.517.446".
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Es de mencionar que recientemente el ente de control abrió proceso de responsabilidad fiscal por $70.243 millones contra funcionarios y contratistas implicados en este escándalo.
La investigación abarca, además, las irregularidades que se pudieron dar en el control y seguimiento adelantado por la interventoría con ocasión del contrato 1045 de 2020.
