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Enciso indicó, en diálogo con LA F.m., que en el mes de noviembre el Gobierno nacional presentará una serie de proyectos para atacar de manera puntual actos de corrupción.
LA F.m. conoció cómo se estructuran los tres proyectos de ley.
En primer lugar, un proyecto de ley que busca la protección de reportantes de actos de corrupción. Se trata de aquellas personas que denuncian la corrupción y a quienes se les garantizará una protección por parte del Estado cuando sea necesario. Además se asegurarán sus garantías laborales.
El segundo tiene que ver con un proyecto de ley que crea un registro que sería administrado por las cámaras de comercio y que permitirá tener la información en tiempo real de quienes son los beneficiarios o dueños de las compañías. Dicha información la podrá investigar la Fiscalía General de la Nación.
Esto con el fin de evitar que algunos fondos sean blanqueados, y que sean ingresados en el torrente de la legalidad. Esto teniendo en cuenta que generalmente casi nunca en actos de corrupción resultan investigados los verdaderos propietarios y beneficiarios de estos negocios ilegales.
Un tercer proyecto, llamado el estatuto de probidad, que busca modernizar el estatuto de anticorrupción, son normas que permitirán fortalecer la fundación vigilancia y el control de las superintendencias, normas que regulan temas relacionados con la vigilancia de las fundaciones que contratan con el Estado.
“Esto lo estamos haciendo en cumplimiento de los compromisos del Estado en el marco de la cumbre mundial anticorrupción en Londres”, dijo Enciso.
Según lo indicó el secretario de transparencia, lo que se busca es que, una vez se supere el impasse del plebiscito por la paz rechazado por los colombianos, se le dé trámite prioritario a estas leyes.
Así mismo, indicó que están esperando a que la OCDE termine de hacer revisiones a estas iniciativas y tras su aprobación entonces se presentarían ante el congreso.
