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El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado a todos los actores políticos, económicos, sociales y académicos para que se construyan consensos que lleven al país a construir confianza y afrontar los retos como sociedad.
Los empresarios fueron enfáticos al decir que “respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero rechazamos categóricamente los actos vandálicos, los cuales están produciendo violencia, negación del derecho a la salud, la alimentación, el trabajo y la libre movilidad de la ciudadanía, de manos de personas que atentan contra la estabilidad y producen afectaciones sobre el desarrollo normal de las actividades propias del país y sus ciudadanos”.
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Asimismo, manifestaron que, debido a los hechos violentos, en los últimos días se han interrumpido las actividades productivas y las cadenas de suministro, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria, el abastecimiento de bienes de primera necesidad para toda la población, así como la prestación de servicios básicos.
“Confiamos en la capacidad del Estado para que, dentro del respeto por la Constitución, se cumpla con el mandato de restablecer el orden público. Manifestamos nuestro apoyo al presidente de la República, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares para que en el marco de la Constitución y la Ley cumplan su mandato de garantizar el orden público y la protección de los derechos de todos los colombianos, retornando la tranquilidad en todo el territorio nacional”, afirmaron los gremios.
Los empresarios, además, hicieron un llamado a las autoridades judiciales para “proteger a la ciudadanía que está siendo afectada por los actos de vandalismo, buscando individualizar y responsabilizar a los culpables, generando mecanismos de reparación para los afectados de estos hechos”.
Al respecto también se pronunció el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Aseguraron que respetan el derecho a la protesta pacífica, sin embargo, consideran necesario hacer algunas reflexiones en torno a la del país y las movilizaciones de los últimos días, a saber:
"Proceso de reactivación económica con muchas incertidumbres, debido no sólo a los efectos por las medidas de contención contra la propagación del contagio, sino porque la misma dinámica empresarial no ha recobrado el ritmo esperado y tiene una alta afectación en la estructura productiva y del ingreso de las empresas", señalaron.
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"Colombia tiene una capacidad hospitalaria saturada, con ocupación de UCI a más del 90% y con carencia de oxígeno. Directrices para disminuir el contagio por la tercera de la covid-19 y restricciones a la movilidad como el pico y cédula, toques de queda, no autorizar eventos de carácter público que impliquen aglomeraciones de personas", añadieron.
“Como gremio, vemos con gran preocupación los actos de violencia al interior de las movilizaciones sin que ninguna de las medidas anunciadas por el Gobierno logre contrarrestar sus efectos. Como representantes del sector productivo, fuertemente golpeado por estas movilizaciones, nos preguntamos qué hace falta para que se judicialice este tipo de conductas, para que quienes participan e incitan a otros a participar en estos actos reciban todo el rigor de la ley”, concluyó Acopi.
