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Este hallazgo se produjo luego en auditoría hecha por el organismo de control a esta entidad, entre el 2010 y 2016.
"El cálculo de dichas transferencias se obtuvo al cruzar las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda", indicó el organismo.
Igualmente, se identificaron nuevas transferencias irregulares efectuadas entre 2005 y 2012 que ascendieron a $530 millones, sobre las cuales no existen documentos que soporten la legalidad de las transacciones.
"Se pudo cuantificar un detrimento patrimonial de $530.023.611 por transferencias electrónicas de las vigencias 2005 a 2012, sobre las cuales no existen documentos que soporten la legalidad de las transacciones", recalcó.
