Contraloría evidenció inconsistencias en inversión del presupuesto

El contralor general de la República, Edgardo Maya, entregó a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes sus informes sobre la situación fiscal del país en el último año y al manejo que le dio el Gobierno al presupuesto general de la Nación del 2015.

El informe señala que de 96 entidades auditadas por el organismo, 34 presentaron cifras inexactas e injustificadas por 12.5 billones de pesos.

Esta cifra equivale al 5.9% del presupuesto general del 2015 que en principio fue aprobado por 16.2 billones de pesos pero que por recortes que realizó el Gobierno quedó en $15.9 billones.

Maya reveló que las ciudades y departamentos del país con más endeudamiento son Antioquia con 1.44 billones; Bogotá con 1.36 billones y Medellín, con 1.4 billones.

“El gran reto del Gobierno es manejar de forma responsable y austera las finanzas públicas, en medio de un panorama en el cual los precios internacionales del crudo siguen a la baja, se presenta una tasa de cambio en Volátil, se reporta una inflación que no se ha desacelerado, y se continúa con unas tasas de interés al alza“, afirmó.

El contralor consideró prioritario hacer un seguimiento a la relación deuda PIB, con el fin de que no se eleve a niveles fuera de su sostenibilidad. Si bien no se ha llegado a esta situación, también es cierto que las calificadoras de riesgo como Standard & Poors y Fitch Ratings han comenzado a encender las alertas sobre la calificación del riesgo de la deuda colombiana, acotó.

En su concepto, la deuda debe mantenerse en niveles sostenibles y para lograrlo se requeriría recuperar la senda de crecimiento económico, reducir el déficit fiscal, recortar y priorizar el gasto público y elevar los ingresos tributarios. Sin embargo, subrayó que, una política de ajuste mal diseñada podría desacelerar aún más el crecimiento económico, causando más déficit y deuda.

En cuanto a los gastos, consideró que uno de los retos de la política pública será, en el corto plazo la priorización del gasto público, y en el largo plazo buscar una senda de ingresos estables que permitan la implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y social del país.