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La Contraloría General alertó sobre posibles inconsistencias en giros de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria en la aplicación de subsidios de vivienda urbana de la Ley de Victimas, que suman más de 82 mil millones de pesos.
Esa entidad advirtió sobre las irregularidades en la indemnización a las víctimas, pues según la base de datos 'Indemniza' que concentra toda la información de las víctimas identificadas en el país, se encontraron 75 personas fallecidas incluidas como destinatarios con pagos ya realizados y que fueron cobrados con fecha de pago posterior a la fecha de su defunción por un valor de 647 millones de pesos, con corte a marzo de 2021.
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“No se encontró evidencia de que estos pagos, que en su mayoría se realizaron entre los años 2012 y 2014, se hayan reintegrado al identificar la anomalía”, señaló el informe.
Esa entidad señaló que la mayoría de estos giros se encuentran entre las vigencias 2016 a 2018. La Contraloría manifestó que el 65% de estos giros se concentran en su orden en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y Magdalena.
La Contraloría señaló que con relación a los giros a personas fallecidas, 56 corresponden a víctimas de pueblos afrocolombianos por un valor de $32 millones, mientras se documentaron 9 giros a víctimas de pueblos indígenas por valor de $6,8 millones.
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De la misma forma se identificaron 665 registros de giros cobrados de indemnizaciones que suman $4.208 millones, que tienen inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario.
Esa entidad evidenció 289 registros de giros por valor de $1.941 millones, con inconsistencias en el número del documento de los beneficiarios frente a los datos registrados en la Registraduría Nacional.
La Contraloría detectó 156 registros por valor de $801 millones con el campo documento vacío en la base de indemnización y 10.770 registros de giros cobrados por valor de $56.696 millones, que cuentan con fecha de giro o reintegro nula.
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También se detectaron inconsistencias en la entrega de subsidios de vivienda urbana, luego que 207 de ellos fueron asignados a personas con fecha de fallecimiento posterior a la entrega.
Estos subsidios legalizados según la Contraloría, fueron asignados en las modalidades de adquisición de vivienda (86%), arrendamiento (16%), mejoramiento/reparación (5%) y construcción en sitio propio (1%). El 85% de estos subsidios se concentraron en vigencias anteriores a 2010.
Dentro de estos registros se encuentran 23 casos de titulares fallecidos con más de un subsidio asignado. "Se identificaron 4 casos (2004 y 2016) de titulares de subsidios de vivienda que se encuentran registrados por el hecho victimizante de desaparición forzada", concluyó esa entidad.
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