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Así lo descubrió la Contraloría General de la República, tras señalar que el organismo judicial ha realizado adiciones de cesantías por $4.406 millones.
Para la entidad, "esta situación que muestra grandes debilidades y serias falencias en los procedimientos que aplica para la administración de personal".
Se trata de una auditoría de cumplimiento que adelantó el organismo de control al proceso de reconocimiento, liquidación, pago de salarios y prestaciones laborales de los servidores de la Rama Judicial para las vigencias 2013 a octubre de 2017.
En dicha auditoría se detectaron 45 hallazgos administrativos, 12 de los cuales se calificaron con incidencia fiscal por salarios y prestaciones sociales de personal que ya había sido retirado del servicio.
También se evidenció doble pago de cesantías, pago de sobre sueldo del 8% eliminado desde 1991 y aplicación de la no solución de continuidad en el auxilio de cesantías que generó mayores valores pagados.
Según la Contraloría, "estas situaciones hacen incurrir al Consejo Superior de la Judicatura en un desgaste administrativo que conlleva a procesos de ajustes recurrentes, lo que en muchas ocasiones ha impedido la recuperación oficiosa de los dineros pagados en exceso y en consecuencia, exige el inicio de procesos de cobro coactivo".
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