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El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, presentó una demanda de constitucionalidad contra el párrafo 1 del artículo 20, de la Ley 1882 de 2018, conocida como Ley de Infraestructura.
Según el funcionario, esta norma dejaría abierta la puerta para hacer toda clase de reconocimientos económicos a los contratistas que participen en una obra financiada con recursos público y privados, aún en caso de que se termine el contrato por algún acto ilícito.
Advirtió además que aplicar la ley cuestionada puede hacer que el Estado termine pagando a Odebrecht el soborno que cobró en el país esta multinacional.
“Para poner un ejemplo, en casos como Odebrecht, está compañía puede reclamar en la liquidación del contrato estos pagos y el Estado colombiano tiene obligación de pagarlo”, argumentó el funcionario.
El jefe del organismo de control calificó el artículo demandado como “un sacrilegio de la mayor indignidad”, dado que ampara nulidades absolutas por objeto o causa ilícita y puede llevar a reconocer los gastos en sobornos o pagos indebidos.
“La ley en cuestión, al habilitar la posibilidad de hacer reconocimientos en contratos celebrados o ejecutados de manera ilícita, estaría desconociendo la prohibición del enriquecimiento ilícito y de la posibilidad de extinguir el dominio de los derechos patrimoniales o bienes que se adquieran por esa vía”, argumentó Maya Villazón.
Antes de la aprobación y sanción sobre las consecuencias indebidas que podría traer la aplicación de esta norma, el ente de control hizo las advertencias respectivas al Congreso, sin embargo, la misma fue aprobada y actualmente se encuentra en vigencia.
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