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El contralor general Carlos Hernán Rodríguez advirtió que el país enfrenta una de las coyunturas fiscales más exigentes de los últimos años, marcada por alta inflación, déficit elevado y creciente endeudamiento.
Durante su intervención, señaló que la inflación se ubicó en 5,56%, la tasa de interés en 11,25% y el déficit fiscal alcanzó el 6,4% del PIB, mientras que la deuda pública llegó al 57,2% del producto interno bruto, limitando la capacidad de maniobra del Estado.
El funcionario explicó que este panorama responde a presiones internas y externas, como el encarecimiento del crédito, los costos de la energía y las presiones inflacionarias en alimentos y servicios.
En ese contexto, afirmó que “cada decisión de política pública tiene efectos concretos sobre el bienestar de los ciudadanos”, al tiempo que insistió en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Rezago en ingresos y ejecución
En materia fiscal, el contralor señaló que persisten problemas estructurales en la planeación de ingresos. El recaudo efectivo en 2025 fue de $271,9 billones frente a una meta de $304,8 billones, lo que dejó un faltante de $32,9 billones. Esta situación, indicó, evidencia fallas en los supuestos macroeconómicos y en la programación presupuestal.
A pesar de que el Gobierno comprometió la mayor parte del presupuesto, la ejecución de la inversión fue inferior a lo esperado. Solo el 64% de los recursos destinados a inversión se ejecutaron, mientras que el gasto en funcionamiento y el servicio de la deuda registraron niveles superiores. Según el contralor, esta tendencia afecta directamente el crecimiento económico.
Para 2026, las cifras muestran un rezago aún más marcado. En el primer trimestre, la ejecución de la inversión apenas alcanza el 11,3%, pese a que más del 50% ya está comprometido, lo que evidencia retrasos en pagos y problemas en la gestión contractual. “La inercia en el gasto no es solo un rezago administrativo: es una falla de gerencia pública”, advirtió.
Deuda y costos de financiamiento en aumento
El informe también detalla un aumento sostenido en el endeudamiento y en el costo de financiarlo. Las tasas de los títulos de deuda pública han superado el 13% en el corto plazo y alcanzan el 14% en el largo plazo, lo que incrementa la carga financiera del Estado.
En 2025, el servicio de la deuda ascendió a $105 billones, equivalente al 23% del gasto total, un aumento significativo frente a los $83 billones del año anterior. Además, los ingresos por crédito representaron el 27% del total recaudado, reflejando una mayor dependencia del endeudamiento para cubrir gastos ordinarios.
El contralor emitió una advertencia formal sobre el manejo de la deuda, señalando que el incremento acelerado del endeudamiento y las condiciones financieras restrictivas están comprometiendo el equilibrio fiscal. También alertó que, en el presupuesto de 2026, los recursos destinados al pago de deuda superan a los de inversión.
Contratación y gasto público bajo revisión
En el análisis de la contratación pública, se identificó un aumento significativo en los montos y una alta participación de la contratación directa. En inversión, el 68% de los contratos se realizaron por esta modalidad, mientras que solo el 6,5% se adjudicó mediante licitación pública.
Asimismo, entre agosto de 2022 y marzo de 2026 se suscribieron más de 118.000 contratos por prestación de servicios, por cerca de $8 billones, lo que representa un incremento del 32,6% frente al periodo anterior. Estas cifras, según el contralor, requieren un análisis detallado sobre su impacto en la eficiencia del gasto.
En paralelo, el endeudamiento territorial también mostró incrementos. Las deudas de los departamentos crecieron 14,4% y las de las ciudades capitales 28,9%, con Bogotá concentrando el mayor nivel de endeudamiento.
Llamado a reformas estructurales
Al final de su intervención, el contralor planteó la necesidad de una reforma estructural que aborde de fondo los problemas fiscales del país.
Entre las prioridades, mencionó reconocer pasivos acumulados, fortalecer los ingresos tributarios, mejorar la calidad del gasto y cerrar brechas en la ejecución presupuestal.
También hizo énfasis en la disciplina fiscal y en la coordinación institucional. “Es urgente fortalecer la articulación entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda”, señaló, aclarando que esto debe hacerse sin afectar la autonomía de ambas entidades, pero garantizando coherencia macroeconómica.
Envió un mensaje al próximo gobierno, al señalar que “el primer acto no debe ser anunciar nuevas promesas, sino presentar un plan de recuperación económica”, basado en decisiones responsables, priorización del gasto y reconocimiento de las restricciones fiscales.
El contralor concluyó que la estabilidad económica no depende únicamente de las cifras, sino de la confianza en las instituciones, sustentada en reglas claras y en una gestión fiscal rigurosa.
