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La comisión especial que creó el Gobierno para realizar recomendaciones sobre gasto público, entregó hoy de manera formal al Ejecutivo, un informe con los principales puntos que deben tenerse en cuenta para mejorar el gasto fiscal del país.
Uno de ellos, tiene que ver con el tema pensional. En este punto, la comisión propone, "aumentar la edad de jubilación, vinculándola de manera sistemática y periódica a parámetros demográficos" .
Según Leonardo Villar, uno de los coordinadores de la comisión, es necesario "utilizar el promedio del salario de toda la vida laboral o al menos el de los últimos 20 años (en vez de los últimos 10 que se utilizan actualmente) para calcular el ingreso base de liquidación".
Con ello, explicó el directivo, "se reduce la magnitud de los subsidios y las inequidades que se generan contra las personas que tienen una senda de ingresos con menor crecimiento o incluso con decrecimiento a lo largo de la vida laboral".
Otra de las propuestas tiene que ver con aumentar los porcentajes de cotización a 18%, "para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema".
También propone reducir el tope existente actualmente para las pensiones que en este momento se ubica en 25 salarios mínimos, "el cual resulta atípicamente elevado en cualquier comparación internacional, así como establecer un gravamen a las pensiones altas".
Salud
La comisión propone en esta materia estimular políticas de prevención y gestión integral de riesgo tanto a nivel del gobierno nacional y los gobiernos territoriales como a nivel de las EPS.
Sostiene además que sería necesario "continuar en el proceso de consolidación institucional de la Superintendencia de Salud en el que se ha avanzado en los últimos años".
De igual forma, la comisión recomienda que se avance en la formación de médicos y demás profesionales de la salud para mejorar las condiciones de calidad de la atención en un contexto de rápida expansión de la cobertura como el que ha experimentado Colombia en los últimos años.
Litigios
Para la comisión es clave para enfrentar mejor las millonarias demandas contra el Estado, y por lo tanto recomienda "reglamentar la aplicación de la indemnización por pérdida de una oportunidad y la extensión en el tiempo del lucro cesante".
También establecer una tipología única de daños no pecuniarios o inmateriales y fijar una suma de dinero para su reparación.
Y de igual forma, "establecer topes o indemnizatorios en determinadas actividades económicas o de servicio público".
Así como reglamentar el principio de mitigación del daño y "establecer el principio general de la responsabilidad subsidiaria del Estado cuando el daño tiene su origen en su comportamiento y en el de un particular u otra persona pública".
Y es que según la comisión, las pretenciones por los litigios que debe enfrentar el Estado, le han costado al país más de $11.2 billones al año.
Contratación pública
En este tema, la comisión del gasto recomendó al Gobierno, "obligar a que las contrataciones del sector público con las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) sigan exactamente los mismos requisitos y procedimientos de la contratación pública".
Otra de las recomendaciones tiene que ver con modificar la ley para que la selección de los mecanismos de contratación dependa del valor del contrato y no de la participación que representa en el presupuesto de la entidad.
"Se recomienda revisar la norma que prohíbe incluir el precio como factor de escogencia para la selección de consultores dentro de los procesos de selección, ya que esto va en contravía de los beneficios que genera una mayor competencia", señaló la comisión.
Y sobre el fortalecimiento del empleo público en el país la comisión recomendó, entre otros puntos, "consolidar en la administración pública un sistema de carrera de ingreso y ascenso, basado en el mérito y en la igualdad, pero que permita la movilidad vertical y horizontal (sectorial e intergubernamental), en donde sea exigente el ingreso y se flexibilicen los parámetros para la desvinculación del servicio público".
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas afirmó que se adelanta el análisis en detalle estas recomendaciones.
Comisión
Dicha comisión fue creada a través del Decreto 320 del 28 de febrero de 2017, y debía realizar, ad honórem, un estudio integral del gasto y de la inversión pública en Colombia, cuyas propuestas serán entregadas en diez meses a partir de su conformación.
En desarrollo de este trabajo, debían analizarse los programas de subsidios y de asistencia pública, los criterios de priorización de la inversión, las inflexibilidades presupuestales, las rentas de destinación específica y los efectos sobre la equidad y la eficiencia de las decisiones de gasto, entre otros.
La Comisión del Gasto Público está integrada, entre otros, por el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien preside la Comisión, y del Director del Departamento Nacional (DNP), Luis Fernando Mejía.
También están expertos como, Raquel Bernal Salazar, profesora titular y directora del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (Cede), de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
Lo mismo que Juan Manuel Charry Urueña, constitucionalista. ( renunció a la Comisión). Jorge Iván González Borrero, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Juan Carlos Henao Pérez, rector de la Universidad Externado de Colombia. Roberto Junguito Bonnet, exministro de Hacienda.
También Marcela Meléndez Arjona, socia fundadora de Econestudio, quien lidera el área de consultoría económica de esta entidad. Armando Montenegro Trujillo, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Juan Carlos Ramírez Jaramillo, director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). José Darío Uribe Escobar, exgerente del Banco de la República, y Leonardo Villar Gómez, director de Fedesarrollo.
