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La Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios informó que ante la declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, por parte de la Corte Constitucional, se aplaza la venta de Electricaribe hasta febrero del 2020.
El ente de control explicó que el Gobierno Nacional ha analizado, en las últimas dos semanas, el impacto que tiene la decisión en la valoración del mercado de energía del caribe, en aspectos determinantes como la tasa nominal de renta, la tasa de mega inversiones y la deducción del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital, que tienen un efecto relevante sobre la transacción.
Según la Superintendencia de Servicios Públicos, Electricaribe podría tener una variación en su valoración que podría ascender a los 500 mil millones de pesos, "razón por la cual Electricaribe ve la necesidad de prorrogar el plazo de las subastas que adelanta actualmente para la presentación de ofertas vinculantes".
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El Gobierno aclaró que esta prórroga se aplica dentro del proceso de búsqueda de uno o más inversionistas para el sistema de distribución local en la Región Caribe y de transmisión regional, así como para la actividad de comercialización de energía eléctrica que realiza Electricaribe en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre.
El nuevo cronograma, dado a conocer por la SuperServicios, contempla la presentación de sobres de oferta el próximo 20 de febrero de 2020. Además,la subasta por el mercado completo se realizará el 26 de febrero y por los mercados segmentados, es decir Caribe Sol, Caribe Mar y Nuevo Caribe, el 28 de febrero.
"Este nuevo plazo se verá reflejado mediante una agenda al reglamento del proceso que será publicado por la agente especial de Electricaribe", aclaró el organismo de control.
Antes de que se cayera la Ley de Financiamiento, el Gobierno Nacional tenía prevista realizar la venta de Electricaribe en diciembre del presente año.
Finalmente, se aclara que Electricaribe continuará contratando y ejecutando su plan de inversiones por más 800 mil millones de pesos, que se traducen en obras dirigidas a mejorar progresivamente la calidad en la prestación del servicio.
