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El aumento del salario mínimo en un 9,54% para 2025 impacta directamente las cuotas de administración en los conjuntos residenciales, tal como lo establece la Ley 675 de 2001.
Este incremento responde a la necesidad de ajustar los costos asociados al mantenimiento y operación de los bienes comunes, como seguridad, limpieza y reparaciones.
En un conjunto residencial de estrato 3, con una cuota actual de $136.000, el incremento correspondiente sería de $12.920, llevando el valor mensual a $149.000. Este ajuste aplica automáticamente a partir del 1 de enero y puede ser modificado posteriormente por la asamblea de propietarios si así lo decide.
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La Ley 675 de 2001 estipula que las cuotas de administración deben calcularse con base en el índice de participación de cada propietario en los bienes comunes, lo que asegura una distribución proporcional de los costos.
Sin embargo, el incremento del salario mínimo suele ser un referente clave para ajustar estas tarifas, dado que muchos servicios, como la vigilancia, están atados a esta variable.
Por ejemplo, en otro conjunto donde la cuota era de $150.000 en 2024, el ajuste del 9,54% la elevaría a $164.310 en 2025. Adicionalmente, las asambleas pueden considerar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en noviembre de 2024 se situó en 5,2%, como alternativa para moderar los incrementos.
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Este incremento se basa en el ajuste del nuevo salario de los vigilantes de las residencias horizontales del país; sin embargo, esto no excluye que la cuota pueda ser ajustada por la asamblea de la administración.
No obstante, el incremento de las cuotas puede generar debates en las asambleas, donde los propietarios tienen la última palabra para aprobar el presupuesto anual.
El impacto económico para las familias dependerá del estrato y los servicios específicos de cada conjunto, por lo que es fundamental participar en las decisiones de la asamblea y evaluar las necesidades colectivas frente a los incrementos propuestos.
