La comisión especial que creó el Gobierno para que diera recomendaciones sobre gasto público, le entregó al Ejecutivo un uniforme, de más de 35 páginas, con los principales puntos que se deben tener en cuenta para mejorar el gasto fiscal del país.

Por ejemplo, en materia pensional, la comisión propone, "aumentar la edad de jubilación, vinculándola de manera sistemática y periódica a parámetros demográficos. Utilizar el promedio del salario de toda la vida laboral o al menos el de los últimos 20 años (en vez de los últimos 10 que se utilizan actualmente) para calcular el ingreso base de liquidación, con el fin de reducir la magnitud de los subsidios y las inequidades que se generan contra las personas que tienen una senda de ingresos con menor crecimiento o incluso con decrecimiento a lo largo de la vida laboral".

Otra de las propuestas tiene que ver con aumentar los porcentajes de cotización a 18% para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema.

Y reducir el tope existente actualmente para las pensiones que en este momento se ubica en 25 salarios mínimos, el cual resulta atípicamente elevado en cualquier comparación internacional, así como establecer un gravamen a las pensiones altas.

En salud

En materia de gasto público en salud esta comisión está proponiendole al Gobierno "estimular políticas de prevención y gestión integral de riesgo tanto a nivel del gobierno nacional y los gobiernos territoriales como a nivel de las EPS".

También continuar en el proceso de consolidación institucional de la Superintendencia de Salud en el que se ha avanzado en los últimos años.

Así como avanzar en la formación de médicos y demás profesionales de la salud para mejorar las condiciones de calidad de la atención en un contexto de rápida expansión de la cobertura como el que ha experimentado Colombia en los últimos años.

Litigios

Sobre el costo fiscal de los litigios que debe enfrentar el Estado, y que le han costado al país más de $11.2 billones, la comisión propuso, entre otros, "reglamentar la aplicación de la indemnización por pérdida de una oportunidad y la extensión en el tiempo del lucro cesante, b) establecer una tipología única de daños no pecuniarios o inmateriales y fijar una suma de dinero para su reparación".

También "establecer topes o indemnizatorios en determinadas actividades económicas o de servicio público, d) establecer la subrogación a favor del Estado cuando la víctima de un daño obtenga reparación por otra fuente, e) proscribir la doble indemnización de un daño, f) establecer y reglamentar el principio de mitigación del daño y, g) establecer el principio general de la responsabilidad subsidiaria del Estado cuando el daño tiene su origen en su comportamiento y en el de un particular u otra persona pública".

Contratación pública

En este tema de cómo se debe manejar el proceso de contratación pública la comisión señaló que es necesario "obligar a que las contrataciones del sector público con las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) sigan exactamente los mismos requisitos y procedimientos de la contratación pública".

La Comisión recomienda modificar la ley para que la selección de los mecanismos de contratación dependa del valor del contrato y no de la participación que representa en el presupuesto de la entidad.

Se recomienda revisar la norma que prohíbe incluir el precio como factor de escogencia para la selección de consultores dentro de los procesos de selección, ya que esto va en contravía de los beneficios que genera una mayor competencia.

Y sobre el fortalecimiento del empleo público en el país la comisión recomendó, entre otros puntos, "consolidar en la administración pública un sistema de carrera de ingreso y ascenso, basado en el mérito y en la igualdad, pero que permita la movilidad vertical y horizontal (sectorial e intergubernamental), en donde sea exigente el ingreso y se flexibilicen los parámetros para la desvinculación del servicio público".

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas afirmó que analizará con detalle estas recomendaciones y se reunirá con los miembros de la comisión, para ir estudiando poco a poco estos consejos que permitirían fortalecer el gasto público en el país.

Comisión

Dicha comisión fue creada a través del Decreto 320 del 28 de febrero de 2017, esta comisión debía realizar ad honórem un estudio integral del gasto y de la inversión pública en Colombia, cuyas propuestas serán entregadas en diez meses a partir de su conformación.

En desarrollo de este trabajo, debían analizar los programas de subsidios y de asistencia pública, los criterios de priorización de la inversión, las inflexibilidades presupuestales, las rentas de destinación específica y los efectos sobre la equidad y la eficiencia de las decisiones de gasto, entre otros.

También propondría reformas orientadas a fortalecer la equidad, la inclusión productiva, la formalización y la convergencia del desarrollo entre zonas urbanas y rurales. Al mismo tiempo, sus propuestas estarían orientadas a la redistribución del ingreso, la eficiencia de la gestión pública y el fortalecimiento del Estado.

Sobre la importancia del trabajo de esta instancia, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó: “este es un gran avance para el país. La Comisión del Gasto Público está integrada por personas idóneas, competentes, con diferentes enfoques, quienes nos ayudarán a determinar, de manera independiente, dónde debemos fortalecer la inversión y dónde debemos reducirla”.

Además del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien preside la Comisión, y del Director del Departamento Nacional (DNP), Luis Fernando Mejía, esta instancia está conformada por los siguientes expertos:

1. Raquel Bernal Salazar, profesora titular y directora del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (Cede), de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
2. Juan Manuel Charry Urueña, constitucionalista. ( renunció a la Comisión).
3. Jorge Iván González Borrero, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.
4. Juan Carlos Henao Pérez, rector de la Universidad Externado de Colombia.
5. Roberto Junguito Bonnet, exministro de Hacienda.
6. Marcela Meléndez Arjona, socia fundadora de Econestudio, quien lidera el área de consultoría económica de esta entidad.
7. Armando Montenegro Trujillo, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
8. Juan Carlos Ramírez Jaramillo, director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
9. José Darío Uribe Escobar, exgerente del Banco de la República.
10. Leonardo Villar Gómez, director de Fedesarrollo.