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La abogada de la víctima de la agresión sexual cometida presuntamente por Dani Alves ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra la difusión de un vídeo, que ha sido divulgado por la madre del exfutbolista, en el que se aparecen imágenes suyas y se revela su identidad.
Lucía Alves, madre del exfutbolista Dani Alves, que permanece en prisión desde el 20 de enero de 2023 por un delito de agresión sexual, ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo que muestra imágenes de la víctima, de quien revela su identidad y ofrece datos personales acusándola de querer fama y dinero.
Según ha adelantado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes policiales, la abogada Ester García, que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima, ha interpuesto en una comisaría de los Mossos d'Esquadra una denuncia por la difusión de este video.
La abogada ya anunció ayer que denunciaría la difusión de imágenes o de cualquier información que permita la identificación de una víctima de violencia sexual, ya que "constituye un delito flagrante".
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"Es lamentable que, a fecha de hoy, se siga intentando destruir a las personas que se atreven a denunciar", aseguró ayer la abogada en un comunicado.
La abogada dio por hecho ayer que instaría acciones judiciales "contra todas aquellas personas o medios que difundan las imágenes" de la víctima o faciliten cualquier información, directa o indirecta, que permita su identificación.
Paralelamente, según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía Provincial de Barcelona está estudiando la difusión de estas imágenes y está analizando todos los elementos vinculados a esta situación.
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Asimismo, la Fiscalía también pedirá que se proteja la imagen de la víctima el día del juicio a Alves, que está previsto que arranque el próximo 5 de febrero en la Audiencia de Barcelona.
"Quien confía en Dios ya no pierde la batalla", se puede leer en la publicación de la madre de Dani Alves junto con el video grabado por una abogada brasileña, en el que aparece la víctima bailando y celebrando su cumpleaños.
La Fiscalía de Barcelona pide para el exinternacional brasileño nueve años de prisión, además de diez años de libertad vigilada y una indemnización de 150.000 euros para la víctima, mientras que la acusación particular eleva a doce años la petición de cárcel, la pena máxima establecida en el Código Penal español por un delito de este tipo.
