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El séptimo informe de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas evidenció que los sobrevivientes del conflicto armado interno en Colombia tendrían que esperar hasta 70 años para ser indemnizados.
La investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, concluyó además que es insuficiente la respuesta en materia de reparación económica.
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La procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Elena Ambrosi Turbay, reveló que es preocupante el retraso en el pago de indemnizaciones a las víctimas de la violencia armada en Colombia.
Según dijo es nulo el avance hasta el momento, por lo que se pueden alargar en el tiempo, los pagos a los sobrevivientes.
“En materia de indemnización administrativa el panorama desafortunadamente no es alentador, con referencia al año pasado tenemos en total 879.821 víctimas han sido indemnizadas, esto corresponde al 12 y 13% de los sujetos de reparación. De acuerdo con nuestros cálculos se necesitan cerca de 56 años aproximadamente para indemnizar a las víctimas que hoy hacen parte del registro único”, dijo Ambrosi Turbay.
Sin embargo, el informe reveló que miles de víctimas todavía no son atendidas y esto está generando una mayor afectación, en medio de la emergencia económica que se ha derivado del coronavirus en el país.
“Hemos evidenciado que la capacidad de la Unidad de Víctimas es insuficiente para atender la demanda de solicitudes de indemnización; en la ruta prioritaria se logró atender el 86 % de las peticiones, en la general solamente el 21% quedando un rezago de 1.320.177 solicitudes”, explicó.
En ese sentido señaló que, “lo que identificamos es que a esta velocidad se van a requerir más de 70 años para agendar a todas las víctimas y de esta manera, se les reconozca su indemnización”.
La Procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, aseguró que las víctimas de todos los territorios de Colombia, desconocen cuando recibirán un reconocimiento económico del Estado, por los vejámenes que padecieron en medio del conflicto armado.
“Persiste la incertidumbre frente a la entrega real y efectiva de la indemnización; a las víctimas no se les puede informar la fecha y mucho menos el monto del pago porque no se sabe”, señaló la Procuradora.
Asesinatos
Ambrosí reveló que se logró identificar que durante el año pasado y lo que va del 2020, se incrementaron los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en los territorios.
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También aumentaron los índices de violencia armada y se han documentado 33 masacres durante este año.
Confinamientos
“Nos preocupa mucho la atención de las comunidades en medio de los confinamientos; lo que hemos podido evidenciar es que en promedio el Estado, tarda cuatro meses en entregar ayudas humanitarias a las poblaciones que en su mayoría son étnicas”, afirmó.
Pese a que el país permanece en medio de un aislamiento preventivo por la propagación del coronavirus, se siguen identificando casos de reclutamiento forzado.
“Nos preocupa el incremento del reclutamiento forzado, los accidentes por minas antipersonal y por eso recomendamos una mayor articulación entre los niveles nacional, regional y local frente a la atención a las víctimas y naturalmente, incrementar el desminado humanitario”, dijo Ambrosi.
Unidad Nacional de Protección (UNP)
En el séptimo informe de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas, se detectó que es lenta la atención y respuesta de las solicitudes de protección que se tramitan ante esa entidad.
“En cuanto a la Unidad Nacional de Protección vemos que sigue siendo muy bajo el porcentaje de evaluación de riesgos por parte de la UNP, sabemos que el aumento en las solicitudes de protección ha sido dramático, pero la respuesta continúa siendo no efectiva, en promedio la UNP se tarda seis meses en resolver una solicitud”, dijo la funcionaria.
En cuanto a la protección colectiva evidenciaron que se han adoptado 105 planes de un total de 764 solicitudes que permanecen acumuladas.
