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Un lote lleno de maleza y basura es lo que queda del edificio Space, donde hace siete años colapsó la torre seis, que sepultó a once trabajadores y al residente Juan Esteban Cantor.
El resto de los bloques tuvieron que ser implosionados por las graves fallas estructurales. Eran 161 apartamentos, algunos de los dueños recuperaron el capital de manera total o parcial, pero doce familias todavía siguen esperando.
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Uno de esos es el caso de Carlos Ruiz, quien compró la vivienda por 330 millones en 2011 y la constructora nunca le devolvió ni un peso de su inversión. A cambio, quedó como dueño de menos del 1% del lote, por el cual tiene una millonaria deuda con el municipio de Medellín por el predial.
"Mi cuenta va en 12 millones de pesos y ya nos han amenazado con expropiaciones. Nunca quisimos quedarnos con ese lote. Simplemente, la Superintendencia de Sociedades nos obligó, pero con una falsa promesa de que el lote se iba a vender. Ya lleva siete años y no se va a vender, además, porque está diseminado en una cantidad de personas con porcentajes muy pequeños", indicó.
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Álvaro José Bolívar, de 49 años, fue uno de los técnicos que llegó al edifico para repotenciar la torre seis, cuando ocurrió la tragedia. Era padre de cuatro hijos y estaba casado con Mónica Castrillón, quien recordó cómo ha sido este tiempo sin su esposo.
"Uno se tiene que acostumbrar, pero siempre ha sido duro, especialmente para los hijos porque cada vez que alcanzan un logro, quieren compartirlo con el papá. Él era muy trabajador y muy paciente. Yo no tengo ningún rencor contra ellos por la muerte de mi esposo", señaló.
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Pese a su extensión y a estar ubicado en uno de los sectores más exclusivos de Medellín, el lote no se ha podido vender. Muchos consideran que está estigmatizado y es muy difícil llegar a una negociación cuando hay tantos dueños.
La peor tragedia constructiva de Medellín motivo la Ley AntiSpace, que busca proteger los derechos de los propietarios de los inmuebles.
Proceso judicial
En su momento, los familiares de los obreros muertos y CDO llegaron a una conciliación, en la que se les dio una reparación económica. El proceso continuó por la muerte de Juan Esteban Cantor.
El año pasado, la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de los directivos de la constructora Pablo Villegas y María Cecilia Posada, así como del ingeniero Jorge Aristizábal, quienes habían sido condenados a penas entre los 5 y 6 años de detención domiciliaria por la muerte del residente.
La decisión estuvo motivada en un acuerdo al que llegaron los familiares y los procesados.
