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Se tratan del ex diputado del Caquetá Pablo Andrés Álvarez, quien en marzo de 2016 denunció un supuesto atentado en su contra. Sin embargo, la UNP envió esta información a la Fiscalía la cual determinó que se trataba de un 'autoatentado', con el fin de mantener su esquema de seguridad.
El otro caso es el de la defensora de Derechos Humanos en Barranquilla, Martha Elena Díaz Ospina, quien denunció que su camioneta fue baleada. A pesar de esto, las autoridades constataron que sus propios escoltas habrían hecho esto.
"En el caso de la Defensora de Derechos Humanos de Barranquilla supera los $1.200 millones, ya que al parecer la Fiscalía puso establecer de que no solo el atentado que denunció en noviembre, sino que las amenazas y otra serie de hechos que había venido denunciando desde 2013 correspondían a falsedades y en el caso del exdiputado se tiene un valor aproximado de $1.700 millones", dijo Mora.
De acuerdo con Mora, por estos casos la Unidad de Protección de convierte en víctima, ya que se está haciendo un detrimento patrimonial de la entidad y de la Nación.
Ante estos casos el Director hizo un llamado a todos los protegidos a no cometer falsas denuncias, porque las autoridades están realizando investigaciones muy detalladas para determinar la verdad.
En cuanto a los dos protegidos, deberán comparecer ante la justicia por los delitos de fraude procesal y falsa denuncia.
Finalmente, Diego Mora recalcó que la Unidad Nacional de Protección tiene más de 6 mil protegidos en todo el país.
