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El Tribunal Administrativo de San Andrés le ordenó a las autoridades nacionales y locales adelantar una serie de acciones para proteger el equilibrio ecológico en Johnny Cay. En la decisión judicial se le pide a la Corporación Autónoma Coralina la protección integral de ese ecosistema que se han visto en riesgo por el mal comportamiento de los turistas.
En el fallo se ampararon los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano y la existencia de un equilibrio ecológico en Johnny Cay, reseñando que en seis meses se debe actualizar el Plan de Manejo Ambiental de Johnny Cay Regional Park y que en coordinación con la Dirección General Marítima (Dimar) aseguren que el número de visitantes no exceda la capacidad de carga en el área.
Esta decisión se tomó al estudiar una acción judicial presentada por la Procuraduría General en la cual se alertaba por la presencia masiva y desmedida de visitantes.
El Ministerio Público advirtió que por la falta de redes de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, la inexistente prestación de servicios públicos y el inadecuado manejo sanitario, el daño ecológico era mucho más grave.
Frente a este último tema, el Tribuna ordenó realizar capacitaciones a los operadores logísticos para el cambio gradual de materiales desechables como plásticos y el icopor por elementos biodegradables. Las autoridades deberán elaborar un video para ser presentado a los visitantes.
La grabación deberá contar los cuidados mínimos ambientales que deben tener por tratarse de un área protegida, precisando las actividades permitidas y prohibidas.
Para verificar el acatamiento del fallo se deberá crear un Comité de Verificación con representantes de la Procuraduría General y la Corporación Ambiental Coralina, del departamento, de la Dirección General Marítima (Dimar) y la Policía Nacional.
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